Bosco Castillo reaparece como secretario político del FSLN en Granada y juramenta a 2,000 paramilitares

En agosto del año pasado, la dictadura sandinista oficializó a través de la publicación del acuerdo 129-2024 en el diario oficial La Gaceta la salida del orteguista Bosco Castillo como titular del Ministerio Agropecuario (MAG). Según la versión oficial, a Castillo le aceptaron su «renuncia», y «en consecuencia» se dejó «sin efecto su nombramiento contenido en el acuerdo presidencial 111-2023, publicado en La Gaceta el 10 de julio de 2023».

En esa «renuncia», Daniel Ortega también descabezó a Ivania León, quien fungía como segunda al mando del MAG. Es decir, fue una barrida en esa institución y según publicó el diario La Prensa en ese entonces, el desmantelamiento de los jerarcas de esa institución fue por que descubrieron que Castillo y su vice estaban salpicados en un entramado de corrupción que descubrieron entre varias instituciones.

Pero Bosco Castillo, no cayó en desgracia por completo. Este lunes, 27 de enero de 2024, apareció en el acto principal de la Policía en la ciudad de Granada, juramentando a 2,000 paramilitares encapuchados como «policías voluntarios», junto al director general de la Policía, el comisionado Francisco Díaz, consuegro del dictador Ortega y su Co-dictadora, Rosario Murillo.

Castillo tomó la palabra, incluso antes del jefe policial y dijo amenazó a los nicaragüenses con que el sandinismo y sus matones paramilitares volverán a «defender la paz».

«Aquí estamos nosotros para defender lo que nos ha costado, porque con la paz no se juega, la defenderemos hasta la última consecuencia, la paz como en todos los tiempos de nuestra Revolución», señaló Castillo en tono amenazante, intentando atizar los ánimos de un escuadrón de hombres y mujeres visiblemente golpeados por el sol, que a penas dejan ver sus ojos y con la cabeza enfundada en pasamontañas negras.

Por su parte, el comisionado Francisco Díaz, señalado por organismos internacionales de derechos humanos y por un grupo de expertos de las Naciones Unidas como autor de crímenes de lesa humanidad, dijo que se siente «orgullosos» de «juramentando a miles y miles de Policías Voluntarios Comandante Julio Buitrago, que se constituyen en una fuerza de apoyo para la Policía Nacional. Nuestra Policía Voluntaria tiene rango constitucional y está conformada por compañeros y compañeras nicaragüenses que prestan su servicio de forma voluntaria para defender la paz y la seguridad».

Indicó que «el pueblo unido con su Policía Nacional es más fuerte para defender la paz y los logros y victorias de nuestro pueblo, porque en cada policía voluntario hay una familia comprometida con la paz y la seguridad».

Lo que ni Díaz ni Bosco Castillo se atreven a decir es cuántos de esos 2,000 encapuchados son trabajadores públicos que han sido obligados a enfundarse esas capuchas negras en la cabeza y enfilarse en ese batallón bajo amenazas de que si se resisten perderán sus trabajos y se expondrán a toda la persecución desatada por la dictadura sandinista contra todo el que rechaza sus desmanes.

Estos 2,000 paramilitares encapuchados de Granada, se suman a otros seis bloques que el régimen juramentó la semana pasada en Masaya (2,500); en Chinandega (3,536), León (1,500), Estelí (1,300), Madriz (1,204) y Ocotal (1,400), para una sumatoria total en estos departamentos de 13,440 personas.

Obligan a trabajadores públicos a encapucharse

En la juramentación de los 3,536 supuestos «policías voluntarios» de Chinandega, Artículo 66 recibió denuncias de trabajadores del Estado que laboran en instituciones públicas como el Ministerio de Salud (Minsa), alcaldías, y profesores de primaria y secundaria emplanillados en el Ministerio de Educación, de los municipios de Cinco Pinos, San Francisco, San Pedro y Santo Tomás, los cuatro pueblos del norte de Chinandega, que fueron obligados vestirse con la camiseta blanca y el pasamontañas negro y fueron trasladados hasta la cabecera departamental para juramentarse.

«Venimos más de 200 trabajadores de todos los municipios del norte (de Chinandega). Teníamos que venir obligados porque necesitamos el trabajito», dijo una profesora de primaria de una comunidad de Cinco Pinos, que por razones obvias pidió no mencionarla directamente.

Otro informante de Cinco Pinos dijo que para acudir a esa juramentación fueron obligados por el alcalde Abilio Sánchez, que obedece directamente a Chemaya.

En el caso de este nuevo bloque de Masaya, se desconoce exactamente a qué instituciones le trabajan, pero es de suponer que la denuncia recibida de Chinandega se replica en todo el país, y que la dictadura sandinista solo usa a estos servidores estatales para mostrarlos en estos escuadrones como que si tal fueran personas dispuestas a usar armas de guerra y lanzarse a la calle a atacar a sus hermanos nicaragüenses, si la dictadura los envía, como una estrategia para sembrar el terror e imponer el silencio en todo el país.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el informe sobre los «hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y 30 de mayor de 2018 en Nicaragua», divulgado en diciembre de 2018, señaló -entre la caracterización de estos hechos de violencia- que el Estado de Nicaragua reprimió las protestas por medio de grupos de choque, pero «frente al fracaso de este método tradicional de represión y al incremento de las manifestaciones, el Estado dio inicio a partir de los días 19 y 20 de abril (de 2018) a una etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza que incluía la utilización de armas de fuego, entre ellas armas de guerra».

Los expertos refirieron que estos grupos paramilitares o parapoliciales, que operan en Nicaragua, tienen mayor «organización y poder lesivo» y son «grupos compuestos por personas no identificadas, que utilizan armas de fuego, muchas veces armas de guerra, y actúan en coordinación con las fuerzas policiales».

El régimen Ortega-Murillo en los últimos años ha intentado revestir de legalidad la operación de los grupos paramilitares, llamándolos como «policías voluntarios» e incluyéndolos, recientemente, en la reforma a la Constitución Política de Nicaragua, que aprobó en primera legislatura en noviembre del año pasado.

En el cambio que propuso el orteguismo al artículo 97 de la Constitución se orientó la creación de la «Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria». Dicha reforma a la Carta Magna hasta ahora sigue en manos de la Asamblea sandinista para aprobarse durante todo este mes en segunda legislatura, pero el régimen ya adelantó las juramentaciones de estos grupos de gatilleros que han jurado lealtad a la dictadura rojinegra.

Faltan juramentaciones

Las próximas juramentaciones de paramilitares están programadas, según el calendario divulgado en medios oficialistas, para el 29 y 31 de enero en los departamentos de Carazo y Rivas.

También, planificaron actos en Boaco, el 3 de febrero; Chontales, el 5 de febrero; Río San Juan, el 7 de febrero; El Rama y Nueva Guinea, el 10 de febrero; Matagalpa, el 12; Jinotega, el 13; y por último, Siuna, el 17 de febrero; Bilwi el 19 de febrero y Bluefields el 20 de febrero de 2025.