Daniel Ortega envía a sus policías a sacar de su residencia a los jesuitas de la UCA
Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan enseñándose contra la orden sacerdotal Compañía de Jesús. La tarde de este sábado, 19 de agosto, enviaron a su Policía a desalojar a los sacerdotes jesuitas de su residencia conocida como Villa del Carmen, localizada dentro de los predios de la confiscada Universidad Centroamericana (UCA) y los obligaron a refugiarse en otra residencia de la misma congregación religiosa.
Según información divulgada en redes sociales, efectivos de la Policía al servicio de la tiranía Ortega-Murillo se presentaron a la residencia religiosa y procedieron a desalojar a todos los sacerdotes que se encontraban en ella, sin darles oportunidad de evacuar sus pertenencias.
La información conocida hasta ahora indica que los sacerdotes se vieron obligados a refugiarse en la comunidad San Ignacio, del Colegio Centro América (CCA), en Managua.
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La Policía de la dictadura acompañando a funcionarios del Poder Judicial se tomó las instalaciones donde por varias décadas vivieron los jesuitas que a la vez trabajaban en la UCA, cuyas instalaciones fueron robadas por la dictadura para instalar en ellas la Universidad Casimiro Sotelo que ahora será administrada por el régimen.
“Todos los sacerdotes fueron expulsados, por lo que se vieron obligados a trasladarse a la comunidad San Ignacio del Colegio Centroamérica, en Managua”, dice la información divulgada en redes sociales.
Fuentes cercanas a la Iglesia, consultadas por el medio de comunicación Confidencial, afirmaron que los religiosos intentaron persuadir a los agentes de la dictadura mostrando toda la documentación legal que certifica que la residencia no es parte de los bienes confiscados a la UCA y que por tanto los acredita como verdaderos dueños de la propiedad pero fue en vano, los guardias orteguistas los ignoraron y les ordenaron que dejaran la casa así como todas sus pertenencias.
La UCA fue acusada del supuesto delito de terrorismo por la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Juicios de Managua y ella misma ordenó la incautación de todos las bienes del alma máter.
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La judicial, en su oficio de acusación, no relaciona ninguna prueba y de paso se atribuyó la autoridad de confiscar bienes sin previo juicio como manda la ley.
La dictadura Ortega-Murillo mantiene una guerra abierta contra la Iglesia católica, a la que le ha confiscado medios de comunicación, le ha clausurado ONG, congelado cuentas bancarias, encarcelado sacerdotes incluyendo el obispo de la Diócesis de Matagalpa Rolando Álvarez y ha expulsado o impedido entrar al país a miembros de la institución religiosa. Ahora arremete contra la UCA administrada por los jesuitas.
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