La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), oficializó este viernes, 18 de agosto, la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA). De esta manera, el régimen concreta la confiscación de facto a la casa de estudios.
Mediante el acuerdo ministerial 104-2023, publicado en La Gaceta, el Migob señaló que la UCA de incumplir con sus obligaciones conforme Ley, «al no reportar estados financieros de los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022, con el desglose de ingresos, egresos, detalles de donaciones y junta directiva vencida desde el 18 de marzo de 2022, violentando lo establecido en la Ley».
Gobernación también acusó a la asociación de obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL) y de no promover políticas de transparencia en la administración de fondos.
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Además, subrayó desconocer si la UCA ejecutaba los proyectos y si estos estaban alineados con los objetivos y fines con los cuales se registraron como una OSFL.
El campus universitario jesuita se suma a la lista de 26 universidades a quien la dictadura de Daniel Ortega le pasa factura por no alinearse a su política de sometimiento, dejando a todos los estudiantes a la deriva y creando incertidumbre por su futuro profesional.
Bienes a propiedad del Estado
Tras la ilegalización de la UCA, el Migob ordenó a sus directivos entregar a la Dirección de Cumplimiento del CNU la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones.
Subrayó que el CNU «para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y posgrado, aprobó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro», en la propiedad robada a la UCA.
Gobernación reiteró que los bienes muebles e inmuebles le corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua.
La mañana del miércoles, 16 de agosto las autoridades de la UCA hicieron oficial la arremetida del régimen orteguista en su contra, luego que el 15 del mismo mes la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, le notificara la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad del alma mater.
La justicia de Ortega acusa a la entidad académica de ser un «centro de terrorismo» y de esta manera, el régimen «le cobra» a la UCA su involucramiento en las protestas sociales de 2018 al dar acogida a jóvenes que huían de las balas de los grupos armados del Estado.