Régimen envía a casa por cárcel a los presos políticos Edgard Parrales y Mauricio Díaz
El régimen de Nicaragua autorizó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliaria con custodia policial a los exdiplomáticos y presos políticos Edgard Parrales Castillo, de 79 años, y Mauricio Díaz Dávila, de 71 años, por «su estado de salud», informó el Ministerio Público, mediante un comunicado publicado la medianoche de este jueves, 24 de febrero.
Ambos se encontraban detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como «El Nuevo Chipote», señalada de ser un «centro de torturas».
«El Ministerio Público, ante el estado de salud de las personas referidas (Edgard Parrales y Mauricio Díaz), por razones humanitarias, pidió a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, por detención domiciliaria, lo que fue autorizado por la correspondiente autoridad judicial», indica el comunicado.
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La medida se otorgó el mismo día que la dictadura condenó a nueve años de cárcel al exembajador de Nicaragua en Costa Rica Mauricio Díaz por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». El veredicto fue dictado por el juez Luden Martín Quiroz García, del Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, reza un documento en manos de Artículo 66. Díaz se encontraba en «El Nuevo Chipote» desde agosto de 2021.
El directivo del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) «sufre lagunas mentales, tiene desmayos repentinos y tiene manchas en varias partes del cuerpo» a causa del cautiverio y su edad, según organizaciones de familiares de presos políticos y de derechos humanos.
Por otro lado, el domingo, 20 de febrero, se cumplió el plazo de 90 días de detención judicial contra el exembajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Edgard Parrales Castillo, pero el régimen se negaba a enviarlo a casa, a pesar de su condición de salud y las solicitudes presentadas constantemente ante la autoridad judicial.
El abogado defensor de Parrales, Noel Alonzo Cano, demandó la libertad inmediata para el preso político por encontrarse detenido ilegalmente y porque su estado de salud requiere atención médica urgente y especializada, «a fin de asegurar su integridad personal y evitar en este caso un desenlace trágico». Aún no hay una acusación formal en su contra.
El médico tratante del preso político de mayor edad indica que este requiere urgentemente exámenes de ultrasonido urinario y exámenes de laboratorio como biometría hermática completa, PSA (antígeno prostático específico), química sanguínea.
En siete días, el régimen de Daniel Ortega ha enviado a «casa por cárcel» a cinco presos políticos mayores de 60 años, tras la muerte del excomandante sandinista y reo político Hugo Torres.
La medianoche del 18 de febrero, la Fiscalía informó que el aspirante presidencial Arturo Cruz, de 68 años, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, y el exvicecanciller José Bernard Pallais Arana, de 68 años, pasaban a «detención domiciliaria con custodia policial» por su estado de salud.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene 21 adultos mayores presos políticos, 16 hombres y cinco mujeres. Algunos sometidos en celdas de máxima seguridad y de aislamiento, sin derecho a cambio de régimen carcelario a domiciliar, a pesar de su delicado estado de salud.
Familiares de los más de 170 presos políticos han lanzado alertas ante el «gravísimo peligro» que corren sus parientes en las cárceles del régimen, debido a la falta de atención médica oportuna que les ha afectado la integridad física y emocional.
«En la delegación policial conocida como “El Nuevo Chipote” y en los Sistemas Penitenciarios, varios de nuestros familiares sufren enfermedades crónicas, tales como hipertensión, bradicardia, parkinson, diabetes y cáncer. Durante meses no han recibido la atención médica especializada, y por tal razón en diferentes momentos han sufrido de mareos, desmayos y descompensación», indican.
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