La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene 21 adultos mayores presos políticos, 16 hombres y cinco mujeres. Algunos sometidos en celdas de máxima seguridad y de aislamiento, sin derecho a cambio de régimen carcelario a domiciliar, a pesar de su delicado estado de salud.
Según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, los reos tienen entre 60 y 79 años, y proceden de cinco departamentos y de las regiones autónomas. Detalla que 15 encarcelados son originarios de Managua, dos de Matagalpa, y el resto de los departamentos de León, Río San Juan, Masaya y la Costa Caribe Sur.
Al 16 de febrero, Ortega-Murillo tenían encerrados a once personas de la tercera edad en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote». Los datos no incluyen al exgeneral en retiro Hugo Torres Jiménez, quien falleció siendo un prisionero de la dictadura tras pasar más de seis meses en las celdas del Chipote, donde se practican torturas psicológicas y físicas, según familiares de los reos.
Luego del deceso del exguerrillero sandinista, el régimen tuvo que enviar a arresto domiliciario a tres presos políticos mayores de 60 años, quienes presentan un grave deterioro en su salud: El exprecandidato presidencial Arturo Cruz, de 68 años, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, y el exvicecanciller José Bernard Pallais Arana, de 68 años.
Con esta medida, la dictadura tiene bajo arresto domiciliario a cuatro adultos mayores, incluyendo a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, de 68 años.
Luego de enviar a «casa por cárcel» a los tres presos políticos, Ortega deja a otros ocho adultos mayores en «El Chipote», incluyendo al exembajador Edgard Parrales Castillo, de 79 años, el reo de mayor edad.
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En el complejo carcelario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa, la dictadura tiene encarcelados a cinco adultos mayores. Mientras, en el Sistema Penitenciario de Mujeres «La Esperanza» y los penales de San Carlos, Granada y Chontales mantiene a una persona en cada uno.
Al menos cuatro adultos mayores se encontraban en celdas de máxima seguridad y de aislamiento.
«Las personas de 60 años o más quienes al mismo tiempo presentan padecimientos y enfermedades crónicas tienen derecho a mejores tratos y condiciones», indica la organización con base en las leyes del país.
El artículo 176 del Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua, en su inciso 3, dispone la «sustitución preventiva por domiciliaria» a las «personas valetudinarias o afectadas por enfermedad en fase terminal debidamente comprobada».
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«Las autoridades judiciales han hecho caso omiso a los alegatos de los reos y las defensoras, quienes han demostrado con fundamentos de hecho y de derecho las solicitudes de cambio de medida (de cárcel a arresto demiciliario)», señala la organización.
Añade que esta «privación de la libertad por motivos políticos es una grave violación a los derechos humanos y forma parte de la estrategia represiva del Estado usada sistemáticamente a nivel nacional».
Esta es la lista de presos políticos mayores de 60 años de Nicaragua al 20 de febrero de 2022:
- Edgard Parrales, 79 años, El Chipote
- Francisco Aguirre Sacasa, 77 años, arresto domiciliar
- Mauricio Díaz, 71 años, El Chipote
- Violeta Granera, 70 años, El Chipote
- Pedro Joaquín Chamorro, 70 años, El Chipote
- Víctor Hugo Tinoco, 69 años, El Chipote
- Cristiana Chamorro Barrios, 68 años, arresto domiciliar
- Arturo Cruz Sequeira, 68 años, arresto domiciliar
- José Pallais, 68 años, arresto domiciliar
- Bernardo Ramos, 67 años, La Modelo
- Nidia Barbosa, 66 años, SPN Granada
- M.L.E.D., 66 años, La Modelo
- Dora María Téllez, 66 años, El Chipote
- José Ricardo Cortez, 66 años, La Modelo
- Baltazar Dávila Sobalvarro, 65 años, SPN Chontales
- Harry Chávez Cerda, 64 años, La Modelo
- Evelyn Pinto, 63 años, La Esperanza
- Irving Larrios, 63 años, El Chipote
- P.E.E., 62 años, SPN San Carlos
- Wilfredo Balmaceda, 61 años, La Modelo
- José Adán Aguerri, 60 años, El Chipote
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reitera que «la Ley del Adulto Mayor estipula que a las personas mayores de 60 años se les debe garantizar un proceso legal con las debidas garantías que les ampare de violaciones a sus derechos humanos y libertades fundamentales».