El abogado Noel Alonzo Cano, defensor del analista político Edgard Parrales, de 79 años, introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) solicitando se otorgue la libertad inmediata para el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Parrales cumple 90 días encarcelado en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», y aún no hay una acusación formal en su contra, por lo cual su detención constituye «una violación a sus derechos». Su defensor añade que el preso político necesita atención médica especializada para «evitar un desenlace trágico».
Piden «se ordene amparar al doctor Edgard Francisco Parrales Castillo, decretando su inmediata libertad por encontrarse detenido ilegalmente y porque su estado de salud requiere atención médica urgente y especializada, a fin de asegurar su integridad personal y evitar en este caso un desenlace trágico», reza el documento remitido al Poder Judicial.
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Alonzo Cano ha solicitado que se le brinde «la condición carcelaria que corresponde y la atención médica respectiva» por tratarse de una persona con enfermedades crónicas debido a su edad y otros padecimientos desarrollados por el cáncer que padeció.
Sus familiares aseguran que el médico de cabecera del exsacerdote tenía programados unos exámenes urgentes antes de su detención, actualmente han solicitado a Medicina Legal que valore a profundidad su situación.
Parrales, que se encuentra privado de libertad desde el 22 de noviembre de 2021, fue un sacerdote diocesano, embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), ministro de Bienestar Social durante los años 1979-1990 y fungía como maestro de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
En una ocasión anterior su abogado solicitó que «se le brinde asistencia médica y se le practique en el Instituto de Medicina Legal el correspondiente examen por el forense de turno, para determinar de manera urgente si mi defendido puede permanecer o no en régimen carcelario y que reciba la atención médica correspondiente, ya que por razones de su edad y por las afectaciones médicas que padece y que he acreditado en el escrito anterior se hace necesario y urgente que se proceda a la mayor brevedad posible a la práctica de las dos solicitudes planteadas».
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La justicia orteguista envió a sus casas, bajo custodia policial, a tres dirigentes opositores acusados por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», entre ellos está Arturo Cruz, que aspiró a ser candidato a la Presidencia de Nicaragua en las elecciones pasadas, informó el Ministerio Público.
Los beneficiados con el cambio de régimen carcelario a domiciliar son, además de Cruz, de 68 años, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, y el exvicecanciller José Bernard Pallais Arana, de 68 años; alegando que las razones de esta decisión han sido por cuestiones de «salud y humanitarias».