Movimientos en la DGI: Sacan a Martín Rivas y lo reemplazar por Walter Petters

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó la renuncia del jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), Martín Rivas Ruiz, «por motivos de salud», a quien reemplazan con Walter Petters Cuadra.

En dos acuerdos presidenciales, que se publican en La Gaceta 151 de este lunes, 17 de agosto, informaron sobre los cambios en una de las direcciones más importantes para el sostenimiento económico de la dictadura.

Rivas Ruiz fue el director general de la DGI desde el año 2011 cuando sustituyó en el cargo a Walter Porras. Es un capitán retirado del Ejército que en 2015 estuvo ausente durante varios meses del puesto, en medio de denuncias por desfalcos millonarios y de adeudar 523 millones de córdobas por devolución de impuestos a los empresarios del país.

El régimen nicaragüense recientemente transfirió el control de la DGI y la Dirección General de Aduanas (DGA) a la Procuraduría General de Justicia, una institución que desde la reforma constitucional de 2025 actúa como una especie de super ministerio con amplias facultades en distintos ámbitos de la administración pública.

Rivas Ruiz ha sido sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea como parte de la presión diplomática internacional en contra de Ortega y Murillo desde el año 2018 por la dura represión que comenzó hace ocho años tras las protestas en contra de la dictadura.

A inicios de julio, la DGI y la DGA pasaron oficialmente a ser parte de la Procuraduría cuando se le entregó la potestad de administración de los impuestos y la recaudación aduanera. Esta instancia se ha encargado de las confiscaciones masivas de bienes a opositores en el exilio.

Este mismo año asumió el control de la administración del poder público municipal del país y la Dirección General de Minas que entrega las concesiones a empresa mineras, especialmente de China.

Quién es el nuevo jefe de la DGI

El nuevo director de la DGI es un funcionario que proviene del Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde se desempeñó como director general de políticas y estadísticas fiscales.

En octubre de 2025, el régimen lo presentó como el representante del sector público del consejo directivo del Banco de Fomento de la Producción (Produzcamos), en una decisión que reformó la estructura de ese organismo del que sacaron al sector privado.

Hasta ahora se sabe que su papel como funcionario de la dictadura ha sido el de mantener un perfil técnico y administrativo, alejado de las decisiones políticas, que ejecuta a petición de Ortega y Murillo en los cargos donde se ha desempeñado.