El régimen de Ortega y Murillo consuma el desalojo total en el barrio El Carmen
El temor y la paranoia estatal volvieron a traducirse en despojo para los ciudadanos de Managua. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó este domingo 28 de junio un operativo de desalojo forzoso contra las últimas familias que habitaban en el barrio El Carmen.
Con esta acción, el régimen de El Carmen avanza en la confiscación de facto de todo el vecindario para expandir el perímetro de seguridad que rodea su búnker, consolidando el aislamiento de la familia dictatorial.
La zona afectada, según reportes dados en anonimato a Artículo 66, abarca desde las inmediaciones del antiguo Eskimo tres cuadras al sur y hacia el este, un sector colindante con el barrio Altagracia.
En este lugar existieron asentamientos populares desde la década de 1980, habitados en gran medida por ciudadanos originarios de la Costa Caribe nicaragüense y familias de escasos recursos.
Limpieza inmobiliaria por miedo
Este operativo no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso de «limpieza demográfica e inmobiliaria» que la pareja presidencial inició a principios del año pasado.
«En febrero de 2025 ya habían expulsado a unas 30 familias del vecindario, y los que se resistieron fueron encarcelados», apuntó Miguel Mendoza.
Con el despliegue del fin de semana, los Ortega-Murillo terminaron de cerrar el acceso al histórico vecindario. La medida dejó en la calle a los últimos residentes que intentaban conservar su patrimonio en los alrededores de la secretaría del Frente Sandinista, una propiedad de la que los dictadores se apropiaron tras la revolución de 1979 y que pertenecía originalmente a Jaime Morales Carazo.
«Con este nuevo operativo, dejaron en la calle a quienes aún quedaban, con el propósito de apropiarse de toda la zona y ampliar el perímetro de seguridad que rodea su centro de poder, en una muestra del temor con el que se mantienen», explicó Mendoza en sus reportes.
Sin indemnización ni reubicación
La expulsión de los ciudadanos se realizó bajo violencia institucional y sin ofrecerles ninguna alternativa de vivienda ni compensación económica, a pesar de que muchos residentes se establecieron en la zona mucho antes de que Ortega fijara allí su residencia oficial.
El área ahora está bajo el control total de centenares de policías, militares y civiles armados.
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