ONU actualiza informe sobre Venezuela: Hubo 16 muertes bajo custodia del Estado en último año

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) actualizó su informe sobre la situación en Venezuela, periodo que abarcó desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 30 de abril pasado, tiempo en el que documentaron 16 muertes bajo custodia del Estado.

Estos casos los atribuyeron, en algunos casos, «por afecciones médicas no atendidas». Sobre ello dijeron que aún no hay información oficial sobre investigaciones de esos decesos para determinar responsabilidades.

Hicieron especial mención a la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien estuvo en desaparición forzada pese a que su mamá, fallecida posterior al reconocimiento oficial de que su hijo había muerto, lo buscó por diferentes sitios de reclusión por más de un año.

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«La Oacnudh documentó los casos de 35 personas detenidas con afecciones de salud críticas, algunas vinculadas a las condiciones de detención, a la denegación o falta de atención médica, a la tortura o a los malos tratos. Entre ellas, cuatro eran personas mayores de 70 años», destacó la Oficina que tiene una presencia limitada en Venezuela.

Denuncias de tortura siguen en Venezuela

En el año que analizaron también registraron 21 denuncias de torturas y malos tratos de personas detenidas por motivaciones políticas.

Agregaron la muerte de cinco personas, que calificaron como «privación arbitraria de la vida» a manos de agentes de seguridad en diferentes operativos, entre ellos tres hombres a los que asesinaron durante el allanamiento a sus viviendas.

«Las víctimas eran en su mayoría hombres jóvenes de entornos de bajos ingresos. Se expresó preocupación por la falta de una investigación exhaustiva, incluido el hecho de que las autopsias no se realizaron o no clasificaron las muertes como homicidios, pese a las claras heridas de bala», expresa el documento oficial de la ONU.

El organismo pudo constatar la detención arbitraria de 40 personas en el lapso que monitorearon, entre las que había seis mujeres, dirigentes sociales, sindicales, de partidos políticos de oposición, periodistas, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos y otras más consideradas disidentes.

«En 25 de esos casos, las víctimas fueron objeto de desaparición forzada por períodos de tres a 180 días. La mayoría de ellas fueron excarceladas tras el anuncio del 8 de enero de 2026. Sin embargo, de ellas, al menos ocho siguen enfrentando procesos penales y están sujetas a medidas cautelares».

ONU cuestiona limitada ley de amnistía

La Oficina cuestionó la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada por el chavismo en febrero pasado y poco tiempo de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026 por parte de Estados Unidos, al considerar las limitaciones y aplicación arbitraria del instrumento jurídico.

Entre sus objeciones está que «la ley prevé además la destrucción de las pruebas conexas, lo que genera serias preocupaciones de que información valiosa, incluidas posibles violaciones de los derechos humanos, pueda eliminarse, socavando así los procesos de rendición de cuentas y de búsqueda de la verdad».

Al igual confirmaron, de mayo de 2025 a abril de 2026, la excarcelación de 1.149 personas que habían sido detenidas arbitrariamente (947 hombres, 197 mujeres y cinco adolescentes).

Excarcelaciones y desapariciones forzadas

Explicaron que «muchas de ellas sujetas a condiciones. Estos casos incluyen las excarcelaciones efectuadas el 25 de diciembre de 2025, el 1 de enero de 2026 y las ocurridas tras el anuncio del 8 de enero de 2026. La mayoría de las personas excarceladas habían sido detenidas en el período posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 o a la toma de posesión presidencial del 10 de enero de 2025. Entre las personas excarceladas, 74 eran extranjeras y 40 tenían doble nacionalidad».

Sin embargo, estas excarcelaciones no han devuelto a los afectados bienes incautados como motocicletas, incluso cuatro viviendas o equipos como teléfonos móviles.

«La Oacnudh sigue preocupada por las desapariciones forzadas en curso de Hugo Henrique Marino Salas, el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos y Nelson Alexis Giménez Canelón».

Detallaron que la mayoría de las desapariciones forzadas estudiadas en ese lapso pertenece a personas dentro de las cárceles El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro, que estarían bajo la responsabilidad de la Dirección General de Contraingeligencia Militar (Dgcim); un organismo que en investigaciones internacionales es señalada por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad.

Otras limitaciones que encontraron fue el bloqueo contra 85 sitios web, que aún se mantienen, entre las que se cuentan 39 medios de comunicación digitales independientes, la red social X, 27 servicios de privacidad en línea y otros de distribución de contenidos.