Ortega aceita su maquinaria de robo y confiscación con reformas de cinco leyes sobre lavado de dinero

El exconcejal por Managua y miembro del movimiento político Liberales en el Exilio, Alfredo Gutiérrez, aseguró que dentro del paquete de reformas que impone la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en esta semana implica la confiscación de activos, bienes y empresas de actores privados que puedan hacerle sombra a los negocios a los actores asociados al régimen.

«Con este tipo de disposiciones jurídicas, el régimen queda libre de poder sacar del mercado a cualquier empresa que sea competencia de algún grupo de la familia Ortega-Murillo, de sus testaferros o de los grupos alrededor de ellos y que puedan ser una amenaza competitiva para sus negocios», dijo de los cambios que se impondrán en la Ley 641, o Código Penal nicaragüense.

Aseguró que no se trata de presentar reformas para el debate, sino de la imposición de El Carmen para continuar afianzando el control interno sobre el país y coartando más las libertades de los nicaragüenses.

En este caso específico sería sobre la propiedad privada y la libre empresa, que tal como se plantea permitiría que los bienes confiscados se sometan a subasta para que terceros puedan apropiarse de ellos.

Dijo que el artículo 49 le dará todas las facultades al Estado para que los bienes confiscados, decomisados y apropiados en juicios futuros pone contra la pared al sector privado del país.

«El régimen acomoda las leyes para poder impulsar un mecanismo de chantaje y de esa manera poder eliminar del camino a cualquier empresa que sea de riesgo para las empresas que ellos tienen», dijo en referencia a cómo el sandinismo por medio de testaferros se ha apoderado desde 2007 de empresas vitales para el funcionamiento de la economía nicaragüense.

«La piñata 2.0»

Gutiérrez lo definió como «la piñata 2.0», término que hace alusión a las confiscaciones del sandinismo en la década de 1980 en las que expropiaron bienes, activos y empresas que aún tienen en su poder, de las que no hubo juicios posteriores ni se investigaron para determinar responsabilidades individuales.

«Tratar de lavar el robo de empresas, certificados de depósitos, cuentas bancarias, equipos y apropiarse a través de terceros de medios productivos y bienes o activos. Esta reforma de la Ley 641 tiene toda la seña de constituirse en una herramienta jurídica para consumar el robo y hacer un lavado de propiedades, así como los narcotraficantes lavan el dinero, los dictadores están impulsando este mecanismo para aprovecharse del poder y lavar las propiedades a confiscar», advirtió.

La iniciativa de reforma que se dio a conocer este 16 de junio fue justificada por los Ortega – Murillo como cambios a cinco leyes vinculadas al combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado, que ampliará los mecanismos de vigilancia sobre las operaciones financieras de ciudadanos, empresas y organizaciones sin fines de lucro.

Què reformas impulsa el régimen

La iniciativa fue remitida este martes, 16 de junio, a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional y podría ser aprobada en cuestión de días. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, pidió que el dictamen esté listo en un plazo de 24 horas para discutirlo en el plenario.

Se enfocarán en modificaciones a la Ley Contra el Lavado de Activos, la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado.

La iniciativa amplía además las obligaciones de supervisión para bancos y entidades financieras. Entre los nuevos mecanismos figura la conservación de información sobre operaciones nacionales e internacionales realizadas con tarjetas de crédito, débito o prepago.

Asimismo, crea nuevos reportes obligatorios para la Unidad de Análisis Financiero (UAF), incluyendo registros de pagos, compras y retiros efectuados con tarjetas bancarias dentro y fuera del país.

Gutiérrez explicó que la dictadura se escuda en disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas sobre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para afianzar su aparato confiscatorio y represor sobre la sociedad nicaragüense.