Régimen amplía control sobre finanzas, empresas y organizaciones con nuevas reformas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó una reforma a cinco leyes vinculadas al combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado, que ampliará los mecanismos de vigilancia sobre las operaciones financieras de ciudadanos, empresas y organizaciones sin fines de lucro.

La iniciativa fue remitida este martes, 16 de junio, a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional y podría ser aprobada en cuestión de días. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, pidió que el dictamen esté listo en un plazo de 24 horas para discutirlo en el plenario.

Según la exposición de motivos, las reformas modifican la Ley Contra el Lavado de Activos, la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado.

El documento sostiene que los cambios responden al supuesto compromiso del Estado de prevenir y sancionar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

«El Estado de la República de Nicaragua (…) reafirma su compromiso indeclinable en la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva», señala la iniciativa.

Más control sobre empresas y organizaciones

La iniciativa establece que las cooperativas, los organismos sin fines de lucro y las estructuras jurídicas como los fideicomisos deberán declarar información sobre sus beneficiarios finales ante las autoridades correspondientes y actualizar esos datos anualmente o cuando se produzcan cambios en la información registrada.

Según la propuesta, las cooperativas deberán presentar esa información ante el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), mientras que los organismos sin fines de lucro lo harán ante el Ministerio del Interior. En el caso de los fideicomisos y otras estructuras jurídicas, los datos deberán registrarse ante el Registro de Beneficiario Final.

De acuerdo a la exposición de motivos, estas reformas buscan combatir «las prácticas de opacidad corporativa» que permiten ocultar la identidad de quienes controlan o reciben beneficios económicos de una empresa.

Bajo la lupa las transacciones financieras

La iniciativa amplía además las obligaciones de supervisión para bancos y entidades financieras. Entre los nuevos mecanismos figura la conservación de información sobre operaciones nacionales e internacionales realizadas con tarjetas de crédito, débito o prepago.

Asimismo, crea nuevos reportes obligatorios para la Unidad de Análisis Financiero (UAF), incluyendo registros de pagos, compras y retiros efectuados con tarjetas bancarias dentro y fuera del país.

Las reformas también incorporan controles sobre clientes de proveedores de servicios de activos virtuales y transferencias relacionadas con criptomonedas.

El proyecto establece que las instituciones financieras deberán «identificar, inmovilizar o prohibir transacciones» vinculadas con personas o entidades señaladas en resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas.

Cambios al Código Penal

La propuesta incluye modificaciones al Código Penal para fortalecer las disposiciones sobre decomiso de dinero, bienes y otros activos, incluidos los activos virtuales.

También introduce cambios al Código Procesal Penal relacionados con atribuciones de la Policía Nacional y actualiza conceptos contenidos en la legislación sobre crimen organizado.

Pese a que el régimen argumenta que las reformas buscan adecuar la legislación a estándares internacionales, los cambios ampliarían significativamente la capacidad del Estado para acceder a información financiera y corporativa de ciudadanos, empresas y organizaciones.

La rapidez con la que el oficialismo pretende aprobar la iniciativa quedó reflejada en las palabras de Gustavo Porras durante la sesión parlamentaria.

«Les vamos a pedir que tengamos la oportunidad en 24 horas de tenerla dictaminada (…) Puede ser que la discutamos mañana o el jueves», afirmó.