Rosario Murillo arremete contra sacerdotes exiliados y tilda de «maldición» la labor de la Iglesia

La vocera y codictadora, Rosario Murillo, lanzó este lunes, 18 de mayo, un nuevo ataque frontal contra la Iglesia católica, dirigiendo sus críticas específicamente hacia los religiosos que, desde el exilio, denuncian la deriva autoritaria del país.

Sin mencionar su nombre, Murillo calificó como una «vergüenza» la actividad y las denuncias que los jerarcas hacen a través de las redes sociales.

«Todo el que se opone a la paz, todo el que pretende destruir la paz no puede ser catalogado como cristiano», sentenció durante su alocución diaria en los medios oficiales.

La intervención de Murillo ocurre apenas 24 horas después de que monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua exiliado en Miami, afirmara en su homilía dominical que la Iglesia tiene el deber de desenmascarar a quienes encarcelan y destierran.

«La Iglesia no puede callar la verdad de Dios ni dejarse condicionar por el miedo», sostuvo el prelado en su último mensaje, reafirmando que la institución seguirá denunciando el irrespeto a la dignidad humana pese a la retórica virulenta de la cúpula sandinista.

Ataque a la Iglesia

La vocera del régimen arremetió contra los religiosos que utilizan plataformas digitales para denunciar la crisis que atraviesa el país. «cuando vemos a esos que desde otras latitudes viven creo que son vagos tuiteando y con el cargo de presbíteros, si acaso es un cargo de presbíteros tuiteando para atacar a su pueblo», expresó Murillo.

Para Murillo, el hecho de que el clero exiliado hable o se pronuncie sobre la situación política del país constituye una traición a su ministerio. Aseguró que quienes hacen denuncias desde el extranjero no cumplen con su juramento religioso.

«Estamos seguros de que algún día la Iglesia Católica va a reconocer que ninguno de sus miembros puede estar participando de política de manera vulgar, ofensiva y pecaminosa. No deben decir que sirven dizque a Dios y servir al diablo. Tienen dentro de sí una maldición de hacer daño», añadió.

Desde 2018, la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mantenido una política de hostigamiento sistemático que incluye la prohibición de procesiones, el congelamiento de cuentas bancarias de las diócesis y el cierre de medios de comunicación católicos. Además, decenas de sacerdotes han sido encarcelados, otros tantos han sido desterrados, perdiendo incluso su nacionalidad.