Guatemala califica de «antidemocrático» al régimen de Ortega y Murillo

El Gobierno de Guatemala, a través de su canciller Carlos Martínez, fijó una postura contundente frente a la crisis política que vive Nicaragua. En una reciente entrevista concedida al diario español El País, el diplomático no dudó en señalar la deriva autoritaria de la pareja presidencial en Managua, calificando su gestión como un régimen que atenta contra los principios fundamentales de la democracia.

Martínez subrayó que Guatemala ha mantenido una línea coherente de denuncia en diversos foros regionales e internacionales ante los atropellos cometidos por la pareja de dictadores.

Según el canciller, la nación a la que representa ha sido «muy clara» al señalar las violaciones a los derechos humanos y la opresión ejercida sobre la ciudadanía nicaragüense.

«Creemos que es un régimen antidemocrático que, además, pasa por encima de su población», sentenció el canciller Martínez durante el encuentro con el medio español. El funcionario aclaró que, aunque se mantienen relaciones diplomáticas, Guatemala no cuenta actualmente con un embajador designado en la capital Managua.

Alerta por el retroceso democrático en la región

La preocupación de la cancillería guatemalteca no se limita únicamente a la situación de Nicaragua. Martínez advirtió sobre un fenómeno peligroso Centroamérica, en el que el auge de políticas de «mano dura» amenazan con desmantelar el sistema democrático bajo la premisa de combatir la inseguridad.

El canciller sostuvo que, a pesar de sus imperfecciones, la democracia sigue siendo el sistema más abierto y participativo, instando a los países vecinos a no abandonarla.

«La democracia tiene déficits muy grandes, pero es el régimen que conocemos, el que mejor funciona, el más abierto, el más participativo. Tenemos que seguir apostando por ella», afirmó.

El rol de Guatemala ha sido determinante en la gestión humanitaria de la crisis desatada en Nicaragua desde el año 2018, tras las protestas sociales. El canciller recordó la acogida de 135 presos políticos en septiembre de 2024, tras una negociación directa entre Washington y Managua en la que el gobierno de Bernardo Arévalo actuó como país receptor por razones estrictamente humanitarias.

Entre los excarcelados se encontraban religiosos, estudiantes y laicos, cuya liberación fue calificada por funcionarios estadounidenses como una «acción unilateral» de la dictadura ante la presión internacional, sin que esto significara concesión alguna a favor de la familia Ortega-Murillo.

Escepticismo sobre la situación en Venezuela

Al ser consultado sobre el panorama regional, Martínez también se refirió a la crisis en Venezuela y expresó sus dudas sobre la viabilidad de una transición política inmediata, reiterando que su administración mantiene una profunda preocupación y no reconoce los resultados del último proceso electoral en dicho país.

«La democracia es una deuda con el pueblo venezolano», sentenció. «Cuando nos enteramos el 3 de enero de lo que estaba pasando, creíamos que era el primer paso para llevar la democracia de vuelta a Venezuela y no fue así».

El canciller reconoció que, si bien hay condiciones para una transición política, no percibe movimientos reales que la hagan efectiva en este momento. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un retorno a la democracia, su respuesta fue tajante: «Hoy no la veo posible».