La barrida del Poder Judicial y la carta de la magistrada Alba Luz Ramos

Una reciente carta que se atribuye a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Alba Luz Ramos, circuló en los medios del sandinismo a finales de la semana pasada.

En ella Ramos desmintió los señalamientos y la purga de la que fue objeto junto a miembros de su familia y círculo cercano al poder dese finales de octubre de 2023.

De acuerdo con el exfuncionario de la CSJ, Yader Morazán, a la magistrada la desalojaron de sus oficinas en la Corte. Lo hizo el comisionado de la Policía Nacional Horacio Rocha, en su calidad de asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional.

A partir de entonces comenzó una purga que culminó entre noviembre y diciembre de 2025 cuando la mayoría de los magistrados que aún permanecían en la Corte comenzaron a renunciar. A través de cartas, que publicaron los medios de propaganda del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su mayoría alegaron motivos de salud y la edad avanzada para continuar en sus puestos.

Pero tras la salida de Ramos, personas cercanas a su entorno también fueron perseguidas. Mientras que a ella la enviaron a una especie de arresto domiciliario en el que no le permitieron volver a la palestra pública, varios de sus cercanos colaboradores no corrieron con la misma suerte.

Arrinconaron primero a aliados de Ramos

Un año antes, en noviembre de 2022, a los funcionarios del Poder Judicial María José Camacho Chévez, su hermano Hans Camacho Chévez y Moisés Astorga los acusaron del supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, confirmó Morazán.

María José Camacho Chévez era asesora de Ramos; su hermano era responsable de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, y Astorga ejercía como una especie de asesor y «mano derecha de la presidenta» de Ramos.

El experto en administración dd justicia aseguró que en el caso de Astorga, la Policía allanó su casa sin orden judicial el día de su detención ejecutada el domingo 13 de noviembre.

Morazán presentó en su cuenta de la red social X la carátula de la acusación contra Astorga y los hermanos Camacho Chévez.

Fue un proceso que vino de menos a más. Ese mismo mes de 2022 ocurrió la renuncia de la magistrada Ileana Pérez, quien era integrante de la Sala de Casación Civil. Aunque como ocurrió en 2025, alegó motivos de salud, la realidad es que la detuvieron en El Chipote, que se dio tras la detención del vocero de la Corte, Roberto Larios Meléndez, señalado de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, los mismos que los funcionarios íntimos de Ramos.

La carta que se atribuye a la expresidenta de la CSJ niega cualquier proceso en su contra o de miembros de su familia: «Niego rotundamente que mi persona o miembros de mi familia —incluyendo a mi hija, sobrinos y sobrinas— hayamos sido objeto de investigaciones, detenciones o procesos judiciales».

Pero después de que la descabezaran del Poder Judicial que usó para beneficiar a los Ortega-Murillo y servirse ella también, varias de sus propiedades las confiscó la dictadura a la que prestó servicio por años.

Entre esas había una en Altos de Ticomo, en la carretera Sur, en Managua, así como una vivienda de descanso en Poneloya.

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Una purga contra muchos

Varias destituciones surgieron tras la salida abrupta de Ramos como la de la magistrada de la Sala Especializada en Violencia y Justicia de Adolescentes del Tribunal de Apelaciones de Managua, Adda Vanegas Ramos, sobrina de la expresidenta de la Corte, así como la de un magistrado liberal, Manuel Martínez.

Fue una «limpieza» general. El 12 de noviembre del 2023, Morazán publicó que el juez Henry Antonio Morales Olivares perdió su trabajo en la CSJ y su esposa también quedó en el desempleo. El juez fue el «verdugo de los primeros presos políticos del 2018» y colaborador de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

Otro de los funcionarios que sacaron fue el hijo del propio Daniel Ortega, de nombre Camilo Daniel Ortega Herrera, quien trabajó por más de una década en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. 

Reyna Montealegre también figura entre los nombres de los despedidos de la CSJ. A pesar de estar en una lucha contra el cáncer, perdió su empleo sin derecho a liquidación o seguro social. Ella fue expareja de Néstor Moncada Lau, aunque esta conexión no evitó su despido.

También ocurrió con 900 personas del sistema judicial, a quienes destituyeron. Esto incluyó a la magistrada Yadira Centeno junto a su hija Lucia Flores Centeno, los magistrados liberales Virgilio Gurdián y Manuel Martínez.

En redes sociales el ruido de los bots del sandinismo pretende usar la carta atribuida a Ramos como una muestra de que contra ella no hubo persecución, con lo que intentan desacreditar la información de los medios independientes sobre la purga que comenzó con su salida de la Corte.

Los nuevos movimientos en el Poder Judicial

Morazán aseguró el pasado 21 de abril que después del desmantelamiento del Poder Judicial en 2023, apenas fue el mes pasado cuando comenzaron a llenarse vacantes.

«Solo se habían realizado nombramientos parciales (más de 60 jueces en fechas anteriores), pero ahora se anuncia un paquete de más de 90 cargos a escala nacional. Estos incluyen jueces, magistrados y puestos de dirección administrativa, tanto en el área sustantiva (secretarios judiciales, jueces y magistrados) como en la administrativa», dijo.

Y añadió que entre esas incorporaciones hubo algunas restituciones de cargos como los casos de los magistrados Juan Francisco Vega Reyes y Sergio Martín Palacios Pérez, de la Sala Especializada en Violencia contra la Mujer del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM). «Ambos habían sido obligados a ‘renunciar’ en febrero de 2026, sumándose a la ola de salidas forzadas bajo pretextos de salud u otras razones».

Mientras tanto, la carta que firma Ramos con fecha del 7 de mayo y publicada dos días después por la propaganda sandinista mantiene la postura de la exfuncionaria a favor del régimen: «Mi lealtad es firme hacia nuestra población y a su gobierno, los copresidentes, comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo Zambrana».