HRW denuncia detención de ocho exiliados nicaragüenses en EE. UU. y alerta sobre riesgos de deportación

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han detenido a al menos ocho exiliados nicaragüenses a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de su nacionalidad, entre ellos personas que mantienen solicitudes de asilo pendientes, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).

Siete de los detenidos forman parte del grupo de 222 presos políticos que el régimen nicaragüense expulsó hacia Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. Tras enviarlos al exilio, la dictadura sandinista los declaró «traidores» y les retiró la nacionalidad nicaragüense. Estados Unidos les otorgó entonces un permiso de permanencia humanitaria (parole) por dos años.

El octavo detenido es el periodista nicaragüense Luis Galeano, quien perdió la nacionalidad el 15 de febrero de 2023 junto con otros 93 críticos a Daniel Ortega y Rosario Murillo. HRW señaló que personas con conocimiento de los casos informaron que al menos cuatro de los ocho exiliados mantenían solicitudes de asilo pendientes.

La organización alertó sobre las consecuencias que podría tener una eventual deportación para personas que ya fueron perseguidas por el régimen nicaragüense. «El derecho internacional prohíbe a Estados Unidos devolver personas a países donde corran riesgo de persecución o tortura», afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

Goebertus recordó que Estados Unidos recibió a los 222 presos políticos hace apenas tres años y cuestionó que ahora algunos enfrenten detenciones y posibles procesos de deportación. La organización pidió a las autoridades estadounidenses no enviarlos de regreso a lugares donde puedan enfrentar nuevos riesgos.

HRW documentó que al menos dos de los ocho hombres fueron detenidos entre abril y septiembre de 2026 mientras acudían a audiencias judiciales o entrevistas relacionadas con sus solicitudes de asilo. La organización también confirmó que cuatro de ellos permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según la organización, cinco de los ocho hombres aparentemente continúan detenidos, mientras otros dos fueron liberados. Entre estos últimos está Luis Galeano, quien salió bajo fianza el 26 de septiembre después de permanecer recluido en el centro de detención migratoria Krome, en Miami.

El caso de Galeano también muestra la situación de algunos de los nicaragüenses que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos. El periodista, de 48 años, había solicitado asilo en junio de 2019, cuenta con permiso de trabajo y, según informó su familia a HRW, no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. Tiene programada una audiencia de inmigración para el 27 de octubre.

La preocupación de HRW también se extiende a las condiciones en las que permanecen los migrantes detenidos. La organización ha documentado condiciones que considera abusivas en el centro Krome, incluidas celdas hacinadas y frías, falta de ropa de cama y deficiencias en la atención médica.

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La organización recordó además que Nicaragua mantiene un contexto de persecución contra opositores y críticos del gobierno. HRW señaló que quienes cuestionan al régimen enfrentan cárcel, exilio y privación arbitraria de la nacionalidad. Hasta septiembre de 2026, un mecanismo nicaragüense de derechos humanos registraba al menos 68 presos políticos, incluidos 31 casos considerados desapariciones forzadas.

En este contexto, HRW advirtió sobre el incremento de las deportaciones de nicaragüenses desde Estados Unidos. Según un análisis de la organización basado en datos de ICE, más de 6,300 nicaragüenses fueron deportados entre enero y julio de 2026, casi el doble de los 3,323 deportados durante el mismo período de 2025.

Deportaciones a terceros países

La organización también alertó sobre las deportaciones hacia terceros países. Desde enero de 2025, más de 1,100 nicaragüenses fueron enviados a países distintos de Nicaragua, incluidos más de 400 hasta julio de 2026. HRW advierte que estas expulsiones también pueden generar riesgos si posteriormente las personas son enviadas a Nicaragua.

HRW sostiene que las normas internacionales prohíben devolver a una persona a un país donde enfrente un riesgo real de tortura o persecución. La organización pidió a Estados Unidos evaluar estos riesgos antes de ejecutar cualquier deportación y garantizar que las personas puedan impugnar las decisiones migratorias ante un juez.