Semana Santa bajo vigilancia: régimen Ortega-Murillo re «confina la fe a los muros de cada parroquia» 

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensifica la persecución religiosa previo a la Semana Santa 2026. El régimen prohibió, por cuarto año consecutivo, las procesiones y actividades públicas de Cuaresma y el Triduo Pascual, confinándolas estrictamente al interior de los templos. Las medidas confirman un nuevo endurecimiento del control estatal sobre la Iglesia católica en Nicaragua.

Según publicaciones en X de la abogada Martha Patricia Molina, las autoridades sandinistas ordenaron que «todo tiene que ser adentro de los templos», impidiendo que imágenes religiosas, feligreses o expresiones de fe salgan a las calles. En el Primer Viernes de Cuaresma, al menos 409 viacrucis quedaron prohibidos en todo el país.

Molina advirtió que el régimen actúa por temor a las manifestaciones públicas de fe y a las imágenes que evidencian la religiosidad popular. En uno de sus mensajes afirmó que «Jesús en la Cruz se queda confinado a los muros de cada parroquia», una expresión que resume el alcance simbólico y político de las restricciones impuestas.

La abogada también alertó sobre un clima creciente de intimidación directa contra sacerdotes. De acuerdo con sus publicaciones, la Policía sandinista visita parroquias para exigir la entrega anticipada de los programas de Semana Santa, bajo advertencias veladas y presión constante sobre el clero que aún permanece en el país.

Además, desplegarán presencia policial durante todas las actividades religiosas de Cuaresma y Semana Santa. Los agentes, uniformados o vestidos de civil, vigilarán que «nadie salga de los límites parroquiales», reforzando un esquema de control que transforma las celebraciones litúrgicas en actos observados y restringidos.

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Molina actualizó también la cifra de sacerdotes exiliados, que asciende ya a 309, y sostuvo que las autoridades buscan
«intimidar y denigrar» a los religiosos que continúan en Nicaragua. El exilio forzado se consolida así como una de las principales herramientas del régimen para debilitar a la Iglesia católica y reducir su presencia pastoral y social.

Ocho años de persecución religiosa

Desde 2018, la dictadura ha ejecutado una política sistemática contra la Iglesia católica que incluye ataques a templos, asedio policial, detenciones arbitrarias de sacerdotes, expulsiones del país, cancelación de organizaciones religiosas, confiscación de bienes y campañas de difamación desde medios oficialistas.

Estas acciones se intensificaron tras el papel de la Iglesia como mediadora y acompañante de las víctimas durante la represión de las protestas sociales.

En este contexto, Molina llamó a la población laica a documentar las agresiones y a no dejar solos a sus párrocos, aunque advirtió sobre el riesgo que implica la vigilancia policial. «No se expongan a nada», escribió, reflejando el clima de miedo que rodea incluso a las expresiones más básicas de fe en un país donde el régimen convierte la religión en otro territorio bajo ocupación.