DHS acusa a la migración ilegal nicaragüense de drenar economía de Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) aseguró este viernes, 20 de febrero, que el 8% de la población total de Nicaragua ingresó ilegalmente a territorio estadounidense entre febrero de 2021 y enero de 2025, durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden.

Según el DHS, Nicaragua encabeza la lista de países cuyos ciudadanos habrían cruzado ilegalmente en mayor proporción respecto a su población total. El organismo también señaló que el 7% de la población de Cuba, el 6% de Haití y el 5% de Honduras ingresó de forma irregular en el mismo período.

«La inmigración ilegal está drenando los recursos estadounidenses (…) esto es insostenible y el DHS está trabajando para ponerle fin», dijo el departamento en un mensaje difundido en la red social X.

El organismo también afirmó que, tras establecerse en EE. UU., muchos de esos nicaragüenses enviaron remesas a su país. Según las cifras divulgadas, estas transferencias sumaron 6.200 millones de dólares y representan actualmente el 37% del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua.

El departamento acusó a la anterior administración de haber provocado una migración «descontrolada» y de convertir a Estados Unidos en un destino vulnerable ante el ingreso masivo de extranjeros.

El reporte del DHS no detalla cuántos de esos ingresos fueron detectados en frontera, cuántos corresponden a solicitudes de protección o parole humanitario. Tampoco distingue entre personas que permanecen en EE. UU. y aquellas que pudieron haber sido retornadas.

El éxodo nicaragüense ha sido impulsado por la crisis política, económica y social que atraviesa Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mientras el Gobierno estadounidense habla de «drenaje» de recursos, en Nicaragua las remesas se han convertido en uno de los principales sostenes de miles de hogares y en un pilar de la economía nacional.

Proponen endurecer reglas de asilo

En paralelo, el DHS anunció una propuesta de norma para restringir la autorización de trabajo a solicitantes de asilo mientras sus casos están pendientes. Según el comunicado oficial, el objetivo es reducir el incentivo para presentar solicitudes «frívolas, fraudulentas o infundadas» con el fin de obtener permisos laborales.

El organismo informó que actualmente existen más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativas pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), lo que ha sobrecargado el sistema migratorio. La reforma modificaría los requisitos de elegibilidad para obtener autorización de empleo mientras se procesa la solicitud de asilo.

«Proponemos una reforma del sistema de asilo para hacer cumplir las normas y reducir los retrasos heredados de la administración anterior. Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo. La administración Trump está reforzando la evaluación de los solicitantes de asilo y restaurando la integridad de los procesos de asilo y autorización de trabajo», dice el comunicado publicado en la página oficial.