Estados Unidos ha deportado a más de 1.250 nicaragüenses en menos de dos meses

Entre enero de 2026 y la primera semana de febrero, el gobierno de los Estados Unidos expulsó a Managua a 1.252 migrantes nicaragüenses que se encontraban en condición irregular, según información obtenida por Artículo 66 de parte de un funcionario de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con los datos, a Nicaragua llegaron 11 vuelos directos entre el tres de enero y el cinco de febrero, como parte de las medidas del gobierno estadounidense de acelerar sus políticas migratorias restrictivas y expulsar de su país a ciudadanos que no cuenten con documentación legal que garantice su permanencia.

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La fuente diplomática notificó que en enero se reportó el arribo de diez vuelos cargados de nicaragüenses con retorno obligatorio a su país de origen.

Estas deportaciones, de las que se tiene registro desde 2025 en la nueva etapa del republicano como jefe de Estado, continuaron este año con la llegada de un primer vuelo el tres de enero con 108 deportados. Cuatro días después, el siete, aterrizó un segundo avión con 148 nicaragüenses. El nueve de enero, otros 95; y el 15, 84.

El 17 de enero se tiene registro del arribo del cuarto vuelo con otros 123 deportados más, el 20 fueron devueltos otros 61, el 22, 138; el 24, 110; el 29, 106; y el 31 de enero los últimos 155 de ese mes.

En total, solo en enero se contabiliza la deportación de 1.128 nicaragüenses, la segunda cifra más alta por mes con la que se cuenta hasta el momento, solo superada por diciembre de 2025 cuando devolvieron a 1.372 migrantes irregulares.

En febrero ya aterrizó el primer vuelo con otros 124 nicaragüenses. Todos los vuelos con repatriados tuvieron como destino final el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo calló sobre estas deportaciones y tampoco hubo cobertura de la batería de medios del oficialismo.

Leonela, la embarazada de ocho meses deportada

En ese primer vuelo de febrero habría aterrizado Leonela Gómez, una nicaragüense solicitante de asilo político en los Estados Unidos deportada.

La joven fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, California, después de salir de una consulta prenatal.

Leonela, de 27 años, tiene ocho meses de gestación, está a semanas de dar a luz y lejos de su marido, un mexicano que se encuentra en condición migratoria irregular en Estados Unidos.

El caso fue dado a conocer por la cadena Telemundo. Según la versión del afectado, la nicaragüense fue detenida mientras esperaba la llegada de un vehículo solicitado por Uber al salir de su cita médica. Denuncian que Leonela fue obligada a firmar documentos de deportación voluntaria sin comprender qué decían ni contar con asistencia legal.

En noviembre pasado, Leonela debió presentarse a una cita sobre su solicitud de asilo político, pero por temor a ser detenida no acudió.

Más de siete mil deportados en 2025

Estos 1.252 nicaragüenses enviados en estos vuelos, se suman a los 7.431 connacionales que llegaron a Managua entre enero y diciembre de 2025 a bordo de 66 vuelos.

Hasta la fecha, retomando los números del año pasado y los primeros días de 2026, la administración Trump devolvió a 8.683 nicaragüenses, entre estos migrantes y solicitantes de asilo político.

«Los nicaragüenses deben saber que Estados Unidos está aplicando con firmeza sus leyes migratorias. Si intentas cruzar ilegalmente, serás detenido y serás expulsado», ha advertido de forma reiterada la embajada estadounidense en Nicaragua a través de sus redes sociales.

Opositores, en peligro

Las redadas en Estados Unidos aumentan y la comunidad nicaragüense migrante no está exenta de ser detenida por agentes del ICE.

Entre los migrantes irregulares o solicitantes de protección internacional hay ciudadanos que salieron de Nicaragua huyendo de la represión política, la falta de libertades civiles y la crisis económica.

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Pese a que un número significativo de solicitantes de asilo ha logrado obtener estatus temporales, como el parole humanitario o el TPS (Estatus de Protección Temporal), otros continúan expuestos a procesos de detención y deportación, incluso cuando sus casos aún no han sido resueltos por los tribunales de inmigración.

Defensores de derechos humanos denuncian que en muchos de estos casos no se garantiza el debido proceso ni se evalúan adecuadamente los riesgos de persecución que enfrentan los deportados al regresar a Nicaragua. Para quienes son considerados opositores políticos, líderes sociales o periodistas, volver a Managua puede significar represalias, vigilancia o incluso encarcelamiento.