Ortega y Murillo reparten más bienes públicos al INVUR

Dos acuerdos presidenciales firmados el 22 de enero de 2026 evidencian cómo el Estado continúa traspasando bienes públicos al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) y favoreciendo los proyectos habitacionales impulsados por el régimen de Nicaragua para su beneficio.

Los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo orientaron la publicación en La Gaceta este 27 de enero de estos traspasos, una práctica que el régimen presenta como «donaciones» para vivienda social, pero que en la práctica sostiene un modelo de proyectos habitacionales con fines económicos.

El Acuerdo Presidencial No. 11-2026 faculta a la Procuraduría General de Justicia el traspaso de una propiedad estatal ubicada en el municipio de Managua, departamento de Managua, a favor del INVUR para un proyecto de urbanización integral. El texto oficial establece que se trata de «una propiedad perteneciente al Estado de la República de Nicaragua, ubicada en el municipio de Managua, del departamento de Managua, destinada para la construcción de proyecto de urbanización integral».

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El acuerdo detalla además que el inmueble se encuentra inscrito bajo el «Número Absoluto de Propiedad NAP BI-2KYUKX6C del Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias del departamento de Managua», dejando constancia formal del traslado del patrimonio público hacia la institución estatal encargada de ejecutar el proyecto.

Ese mismo día, el régimen aprobó el Acuerdo Presidencial No. 12-2026, que autoriza otra donación de bienes estatales al INVUR, esta vez en el departamento de Rivas. El documento señala que la propiedad se ubica «en el barrio El Rosario del municipio y departamento de Rivas», y que será utilizada para un proyecto habitacional de viviendas de interés social.

El documento precisa que el inmueble donado está registrado bajo el «Número Absoluto de Propiedad NAP: BI-2L2TX7ND del Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias del departamento de Rivas», confirmando nuevamente el traspaso directo de activos estatales al INVUR.

Aunque ambos acuerdos enmarcan los proyectos dentro del discurso de garantizar «vivienda digna» y mejorar la calidad de vida, los textos oficiales revelan que el INVUR queda facultado para ejecutar operaciones propias de un negocio inmobiliario.

Ambos acuerdos autorizan explícitamente a la institución a «enajenar, constituir garantías reales, realizar desmembraciones y otorgar los correspondientes títulos de dominio a favor de los beneficiarios».

Estas facultades muestran que la construcción de viviendas de interés social no opera como un regalo estatal, sino como un esquema en el que el INVUR administra, vende y formaliza propiedades, mientras el régimen capitaliza políticamente la entrega de terrenos y la promoción de proyectos habitacionales.

INVUR, la más beneficiada en 2026

El pasado 20 de enero, el régimen Ortega-Murillo transfirió otros cinco inmuebles estatales al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR). 

La medida fue formalizada mediante el Acuerdo Presidencial No. 09-2026, publicado en La Gaceta. Los terrenos están ubicados en Managua, León y Chinandega.