Asamblea sandinista da luz verde a la Procuraduría de Justicia para ejecutar purgas
La Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobó en segunda legislatura la reforma a los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución, cambios que crean y consolidan un nuevo estamento legal con mayores facultades para la persecución en Nicaragua, bajo la dirección del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las reforma había sido avalada inicialmente en agosto del año pasado y, con esta segunda aprobación, quedan listas para su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, lo que permitirá su entrada en vigencia.
El discurso oficial sostiene que las modificaciones responden a una supuesta lucha frontal contra la corrupción, aunque críticos han advertido que el nuevo marco constitucional amplía los mecanismos de control y represión estatal.
Bajo la consigna «Todos contra la corrupción», la pareja de dictadores orientó la creación de la Procuraduría General de Justicia, una nueva figura constitucional que sustituye a la Procuraduría General de la República y que ya asume funciones ampliadas de investigación, acusación y persecución penal.
¿Lucha contra la corrupción?
Según el texto aprobado, la Procuraduría General de Justicia será la entidad que «identifique, persiga y procese a todo responsable de actos lesivos al Patrimonio Económico, Natural, Cultural, Material, Político y Jurídico del Pueblo Nicaragüense».
El artículo 159 reformado establece que esta institución ejercerá la representación legal de los «intereses supremos del Estado y del Pueblo nicaragüense», y que actuará con un «profundo compromiso revolucionario y patriótico», además de asumir la función acusadora en delitos como lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado.
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En tanto, el artículo 160 dispone que el o la procuradora general de Justicia será nombrada directamente por la Presidencia de la República, lo que elimina cualquier margen de independencia y subordina esta entidad al Ejecutivo.
El discurso oficial asegura que el Estado «no permitirá, de ninguna manera, disfrazar o encubrir intereses ajenos a nuestro pueblo» para cometer actos de corrupción.
Sin embargo, especialistas han alertado que esta narrativa anticorrupción ha sido utilizada reiteradamente para criminalizar a voces críticas, defensores de derechos humanos y antiguos aliados del sandinismo en el marco de purgas políticas internas.
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