Estados Unidos apoya las aspiraciones de los nicaragüenses «a vivir libres de la tiranía»
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que hoy, 10 de enero de 2026, la “brutal dictadura Murillo-Ortega” «celebra 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años», en referencia al tiempo que Daniel Ortega ha permanecido en el poder desde su retorno a la Presidencia tras las elecciones de 2006.
La declaración subraya que los nicaragüenses votaron en 2006 por un presidente y no por una dinastía ilegítima vitalicia, denunciando así la consolidación de un modelo familiar de poder encabezado por Ortega y su esposa y codictadora de Nicaragua, Rosario Murillo. Washington sostiene que el régimen traicionó el mandato popular al eliminar los contrapesos democráticos.
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Estados Unidos señaló que la reescritura de la Constitución, sellada en 2025, y la represión sistemática de la disidencia no han logrado borrar las aspiraciones del pueblo nicaragüense de vivir en libertad. Según el comunicado, el régimen utiliza las instituciones del Estado como herramientas de control político y persecución.
La dependencia estadounidense reiteró que «reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía», y reafirmó su compromiso de seguir presionando diplomáticamente para una transición democrática y el respeto pleno a los derechos humanos en Nicaragua.
El retorno de Daniel Ortega al poder en 2007 marcó un punto de inflexión autoritario, lo que se agudizó con el paso de los años.
Una década después, en 2017, tras unas elecciones ampliamente cuestionadas, el régimen cerró el espacio cívico, reprimió protestas sociales y desmanteló la independencia judicial y electoral, lo que provocó una profunda crisis política y de derechos humanos.
Desde las protestas de abril de 2018, organismos internacionales han documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, exilio forzado y la cancelación de partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. El régimen respondió con leyes represivas que criminalizan la oposición y la prensa independiente.
La presión de Estados Unidos
Ante este escenario, Estados Unidos impuso sanciones económicas y financieras contra más de 20 altos funcionarios, familiares del círculo presidencial y entidades estatales, incluida la propia Murillo.
Washington sostiene que estas medidas buscan responsabilizar a los perpetradores de abusos y no al pueblo nicaragüense, al que reitera su apoyo.
El gobierno estadounidense considera que Nicaragua representa una amenaza para la estabilidad regional, debido al avance del autoritarismo, el deterioro democrático y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Además, advierte que el alineamiento del régimen con actores antidemocráticos socava la seguridad hemisférica.
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