Régimen de Nicaragua, acorralado, admite detenciones de Rudy Palacios y familiares del pastor evangélico
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo emitió un pronunciamiento a través de la Procuraduría General de la Justicia, dirigida por Wendy Morales, en el que intenta justificar la detención y condena de un grupo de ciudadanos nicaragüenses, entre ellos el pastor evangélico Rudy Antonio Palacios Vargas y varios de sus familiares.
El escrito, en el que por primera vez el régimen sandinista admite estos encarcelamientos, se divulgó horas después de que Estados Unidos, por medio de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, reclamara públicamente la liberación de estas personas.
En la nota oficial, el régimen insiste en su narrativa habitual y califica a los detenidos como «criminales», «terroristas» y «golpistas», vinculándolos a los hechos de violencia ocurridos durante la represión estatal de 2018.
Según el documento, fechado el 22 de diciembre de 2025 en Managua, estas personas habrían participado en un supuesto intento de «nefasto golpe» y en acciones que, según Ortega y Murillo, atentaron contra «la paz y la vida de las familias nicaragüenses».
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La Procuraduría enumera con nombre y apellido a Rudy Antonio Palacios Vargas, Mauricio Francisco Alonso Estrada, Pedro José López Calero, Armando José Bermúdez Mojica, Jessica María Palacios Vargas y Olga María Lara Rojas, a quienes acusa de «violentar la Constitución, agredir la paz y destruir vidas y valores». El texto asegura que todos ellos huyeron del país, regresaron de forma clandestina y planificaron nuevos ataques contra instituciones y ciudadanos.
Sin embargo, el pronunciamiento surge en un contexto marcado por la presión internacional, particularmente de Estados Unidos, que exigió explicaciones sobre el paradero y la situación legal del pastor Rudy Palacios y sus familiares.
«El 17 de julio, las autoridades nicaragüenses detuvieron al pastor cristiano Rudy Palacios y a cuatro miembros de su familia y los acusaron de alta traición por las críticas de Palacios a la brutal represión y violaciones de derechos humanos de la dictadura», señaló el lunes la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en su comunicado oficial.
En estos más de cinco meses, estas personas permanecieron detenidas sin que el régimen reconociera oficialmente su arresto, una situación que organizaciones de derechos humanos describen como desaparición forzada.
La dictadura reconoce ahora, de manera implícita, que mantiene a estas personas bajo custodia en centros penitenciarios del país, aunque afirma que «todos sus derechos fueron respetados» y que enfrentaron procesos ajustados al ordenamiento jurídico. Esta afirmación contrasta con denuncias reiteradas de familiares y defensores de derechos humanos sobre incomunicación, juicios sin garantías y falta de información oficial.
Un elemento especialmente sensible es que algunas de las personas detenidas son sobrevivientes de cáncer y requieren seguimiento médico especializado. A pesar de ello, el comunicado oficial omite cualquier referencia a su estado de salud y se limita a reforzar la retórica de seguridad nacional y defensa de la paz.
Al reconocer la detención de estas personas solo después del reclamo estadounidense, la dictadura confirma una práctica recurrente: negar arrestos, mantener a opositores en el limbo legal y, cuando la presión aumenta, justificar las capturas bajo el discurso de la lucha contra un supuesto golpe permanente.
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