Ortega eliminará todos los impuestos a las inversiones chinas con una nueva Ley de Zonas Económicas Especiales

Daniel Ortega dio un paso más en su alianza económica con China al enviar a la Asamblea Nacional, que controla en su totalidad, una iniciativa de ley que elimina todos los impuestos y controles fiscales y aduaneros para las inversiones procedentes del gigante asiático. La propuesta, titulada «Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta», abre un régimen económico de excepción que libera completamente de tributos a las empresas extranjeras que operen bajo ese esquema.

Con esta ley, el régimen de Ortega y Rosario Murillo pretende otorgar un marco de privilegios extraordinarios al capital chino, bajo el argumento de «fomentar la inversión extranjera directa» y «promover las exportaciones». En la práctica, Nicaragua se convertirá en un territorio libre de impuestos, donde el Estado renuncia a su capacidad de recaudar, fiscalizar y controlar las operaciones financieras y aduaneras de las empresas que se instalen en estas zonas.

La Asamblea Nacional informó este martes, a través de su cuenta oficial de X, que la iniciativa ya fue remitida a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto para su análisis. «Asamblea Nacional remite a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto la Iniciativa de Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, presentada por la Co-Presidencia de la República al Órgano Legislativo», publicó el Parlamento. Aunque el trámite aparenta ser de estudio, todo apunta a que será aprobada en cuestión de horas, dada la subordinación absoluta de la Asamblea al Ejecutivo.

Exoneración total de pago de impuestos

La iniciativa detalla que las empresas que operen bajo el régimen de Zonas Económicas Especiales (ZEE) gozarán de exoneraciones totales del Impuesto sobre la Renta, el IVA, los aranceles, los impuestos municipales y los tributos sobre la transmisión de bienes. La exoneración será del cien por ciento durante diez años, con posibilidad de prórroga indefinida. En otras palabras, las compañías podrán funcionar en Nicaragua sin pagar un solo centavo en impuestos.

El único tributo que se mantiene es el impuesto sobre la renta del trabajo, que deberán pagar los empleados nicaragüenses y extranjeros que laboren en las ZEE. Mientras las empresas estarán exentas de toda carga fiscal, los trabajadores continuarán contribuyendo al fisco. El esquema beneficia al capital extranjero y castiga a la fuerza laboral local, que seguirá sosteniendo al Estado con sus salarios.

También contarán con beneficios administrativos y de trámites

El proyecto también otorga beneficios administrativos sin precedentes. Las empresas contarán con tramitología simplificada en materia ambiental, tributaria, aduanera, laboral y migratoria. Además, tendrán acceso a un punto único para la gestión de importaciones y exportaciones, tarifas energéticas preferenciales y alquiler de infraestructura estatal a precios reducidos. Incluso podrán arrendar terrenos públicos mediante contratos de concesión a largo plazo.

De este modo, el régimen no solo renuncia a cobrar impuestos, sino que también pone a disposición del capital extranjero los bienes del Estado, la energía y el suelo nacional, en condiciones privilegiadas. El resultado es un modelo de enclave económico controlado directamente desde la Presidencia, sin contrapesos institucionales ni mecanismos de auditoría pública.

Laureano Ortega, el todopoderoso de las ZEE

La administración del régimen quedará en manos de una comisión especial presidida por Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional. Junto a él estarán el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, la Procuradora General de Justicia y otros altos funcionarios de confianza. El control político y económico de estas zonas quedará así bajo el mando directo de la familia Ortega-Murillo, que decidirá qué empresas pueden operar, dónde y bajo qué condiciones.

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En su exposición de motivos, el gobierno repite los argumentos para entregar al país al capital chino: «diversificar la producción», «generar empleo formal» y «transferir tecnología». Pero la iniciativa no incluye mecanismos que garanticen que esas promesas se cumplan. No hay cláusulas que obliguen a reinvertir utilidades en el país, ni límites a la propiedad extranjera, ni compromisos ambientales verificables. Tampoco se definen sanciones para las empresas que incumplan los objetivos declarados.

La «Franja y la Ruta», el apellido de la ley que confiesa supeditación a China

La ley se ampara en la llamada «Franja y la Ruta», la estrategia global impulsada por el presidente chino Xi Jinping desde 2013, que busca expandir la influencia económica y política de China mediante inversiones en infraestructura, comercio y transporte en distintos continentes. Nicaragua se sumó formalmente a esa iniciativa en 2022, y ahora Ortega da un paso más al ofrecerle un territorio sin impuestos ni fiscalización a la potencia asiática, de quien intenta mostrarse como su gran aliado.

Las ZEE ya funcionan sin ley

En los últimos años, la dictadura de Ortega y Murillo ha entregado amplios recursos del país a empresas chinas con enormes beneficios, incluso sin la existencia de esta nueva ley. Desde 2023, el régimen ha otorgado más de 800 mil hectáreas en concesiones mineras a corporaciones vinculadas a Pekín, entre ellas Zong Fu Development, Thomas Metal, Xin Xin Linze Minería y Global Group Sociedad Anónima. Estas compañías ya operan bajo condiciones de privilegio, con exoneraciones fiscales, acceso preferencial a territorios indígenas y permisos ambientales exprés.

De hecho, la nueva ley viene a legalizar un modelo que el régimen ya había implementado de facto. Las empresas chinas instaladas en Nicaragua han disfrutado de ventajas extraordinarias, como el libre acceso a zonas estratégicas y el respaldo político directo del gobierno. Las condiciones que hoy se presentan como parte de las “Zonas Económicas Especiales” ya eran práctica común en los sectores mineros y de comercio.

Empresarios y pequeños comerciantes nacionales bajo presión

Mientras las inversiones del gigante asiático gozan de exenciones y trato preferencial, los pequeños comerciantes y productores nicaragüenses enfrentan un entorno cada vez más asfixiante. En los mercados del país, los comerciantes locales se quejan de la competencia desigual con empresarios chinos que importan y venden productos sin los mismos controles ni cargas fiscales, de aduanas o municipales. Los negocios nacionales son sometidos a persecución tributaria y aduanera, cierres arbitrarios y reparos fiscales, mientras los empresarios extranjeros operan sin presión ni supervisión.