Dictadura subordina la inversión extranjera al control de Laureano Ortega y a un aparato burocrático asfixiante

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista, aprobó este 3 de junio —sin debate y con trámite de urgencia— el reglamento a la Ley N.º 1240, Ley de Inversiones Extranjeras, publicada previamente en La Gaceta número 36 del 24 de febrero de 2025.

A partir de ahora, toda inversión extranjera, que ya opera en el país o que pretenda hacerlo en el futuro, deberá registrarse obligatoriamente ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), bajo pena de quedar impedida de operar en el país. Este nuevo reglamento centraliza el control absoluto de la inversión internacional en manos de Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien tendrá la última palabra para aprobar o rechazar cualquier capital extranjero que desee instalarse en Nicaragua.

La normativa crea un extenso y asfixiante esquema de fiscalización estatal, cargado de requisitos, trámites y condiciones discrecionales, que afecta tanto a nuevos inversionistas como a los que ya están establecidos en el territorio nacional.

El centro de ese andamiaje es la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), presidida por Laureano Ortega Murillo, que se convierte en el órgano rector y máximo decisor sobre todo lo relacionado con inversión internacional.

Según el artículo 3 del reglamento, las funciones del coordinador de la CNIE —es decir, Laureano Ortega— incluyen convocar a las sesiones de la comisión, presidirlas, aprobar las agendas y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos, así como asumir cualquier otra función «necesaria para el cumplimiento de los objetivos» de la CNIE.

La dictadura impone además un sistema de registro obligatorio a través del MIFIC, que obliga a los inversionistas a presentar un plan de inversión, copia notariada de documentos de identidad, escrituras constitutivas de la empresa, y someter toda esa información en español.

La Dirección de Inversiones del MIFIC será la encargada de centralizar todo este proceso, emitir formularios, validar documentos y emitir un Certificado de Registro Único de Inversión Extranjera (RU-IE), sin el cual no se podrá realizar ninguna operación económica legal en el país.

El proceso se complementa con la creación del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento de Inversiones Estratégicas (CTESIE), otra instancia controlada por el régimen, que evaluará si una inversión es «estratégica» conforme a criterios tan amplios y discrecionales como el monto, la generación de empleos y la «contribución a los lineamientos estratégicos nacionales».

Quienes logren pasar ese primer filtro deberán firmar un contrato de inversión extranjera con el órgano rector correspondiente y someterse a informes trimestrales ante las entidades estatales. El incumplimiento de estas obligaciones puede llevar a la cancelación del RUIE y, en consecuencia, a la prohibición de seguir operando en Nicaragua.

Además, cualquier cambio estructural en las sociedades deberá ser notificado y aprobado por el MIFIC, incluyendo modificaciones en la estructura accionaria, fusiones o variaciones en el plan de inversión.

No se salvan las que ya operan en Nicaragua

El reglamento alcanza también a las empresas ya establecidas en el país, que deberán registrarse de nuevo bajo los términos de esta normativa. Para ello, están obligadas a presentar formularios, proyecciones de inversión, estatutos inscritos, poderes notariales, solvencias fiscales y municipales, documentación de beneficiarios finales, y hasta solvencia del INSS.

Si no cumplen, serán consideradas en incumplimiento y quedarán excluidas del marco legal de operación.

Esta imposición representa una amenaza preocupante para los inversores internacionales, que ya operan en un entorno de alta desconfianza y presión institucional, sometidos al uso extorsivo de entidades como la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA), alcaldías —todas controladas por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— y un sistema judicial completamente sometido a las órdenes y voluntad de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Con este reglamento, el régimen Ortega-Murillo formaliza su control absoluto sobre la inversión extranjera y blinda a Laureano Ortega como el operador central de un sistema de vigilancia, aprobación, supervisión y eventual castigo para quienes deseen traer capital al país, si a la dictadura le parecen sospechosos o no se someten a su voluntad. Está por verse cuánto del capital existente se queda y cuanto nuevo entra a Nicaragua, cosa que ya está bastante menguada.