Ortega inyecta oxígeno de 220 millones al moribundo INSS

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incluyó una transferencia directa de 8.125,4 millones de córdobas, equivalentes a aproximadamente a 220 millones de dólares, en la Ley de Presupuesto para 2026, destinada al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

De acuerdo al documento oficial, que contiene la iniciativa de Ley de Presupuesto para el próximo año, la partida está justificada bajo los conceptos de «apoyo presupuestario, aporte estatal y pensiones especiales». Esto representa el 4.78 % del total del presupuesto nacional calculado en unos 4.600 millones de dólares en ingresos para el próximo año.

La iniciativa también señala que el gasto asignado al «combate de la pobreza», se concentra en gran medida en el Ministerio de Salud (C$ 27.012,3 millones), el Ministerio de Educación (C$ 18.793,3 millones), los proyectos de inversión del Ministerio de Transporte e Infraestructura (C$ 20.009,4 millones), transferencias de capital a las municipalidades (C$ 11.028,3 millones) y, finalmente, la transferencia al INSS. En conjunto, esas partidas suman C$ 84 968.7 millones, y representan el 50.9 % del gasto total para el próximo año.

Analistas económicos advierten que esa transferencia al INSS no proviene de las cotizaciones tradicionales ni de los ingresos del propio ente, sino que es un aporte directo del Presupuesto General de la República.

En otras palabras: el Estado está inyectando recursos públicos al sistema de seguridad social para cubrir el déficit ante la imposibilidad del INSS de sostenerse por sus propios medios.

Un INSS que el régimen busca mantener con vida

El economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro señala que esta estrategia es como una especie de rescate encubierto. «El INSS, quebrado técnicamente, sin reservas financieras, está absorbiendo el 5 % del presupuesto general», advirtió Chamorro al examinar la propuesta presupuestaria para 2026.

Para Chamorro, el hecho de que el INSS se convierta en una de las instituciones con mayor asignación presupuestaria, incluso por encima del Ejército, la Policía y el Poder Judicial, es motivo de alarma, pues revela que el sistema de seguridad social está siendo mantenido a fuerza por el Estado para evitar que el régimen cargue con el fracaso político de destruir a la institución que tiene la misión de cubrir con dinero el retiro de miles de nicaragüenses que trabajaron y cotizaron toda su vida.

«El presupuesto del INSS está alcanzando al de las alcaldías, universidades, Policía y el Ejército», insistió Chamorro, quien además fue viceministro de Hacienda de Nicaragua durante el gobierno de Enrique Bolaños.

¿Por qué el INSS está en quiebra?

El también economista nicaraguense Enrique Sáenz coincidió con la visión de Chamorro. Recientemente, alertó que las propias cifras del Banco Central de Nicaragua revelan que el INSS ha perdido de manera sostenida afiliados durante los últimos tres meses.

«En los últimos tres meses el INSS ha venido perdiendo afiliados de manera sostenida, 12 mil en total, casi a 4 mil por mes, en promedio. Al perder afiliados pierde cotizaciones y pierde la contribución de los empleadores».

Esa dinámica se agrava si se considera que el número de afiliados registrado en agosto de 2025 es prácticamente igual al de abril de 2024, lo cual «confirma la incapacidad del modelo económico impuesto por el régimen de Ortega y Murillo para generar empleo».

Además, Sáenz recordó que cuando Ortega retomó el poder en 2007 la relación entre afiliados y pensionados era de 5.5 afiliados por cada pensionado; actualmente esa proporción ha caído a 2.6.

Este deterioro implica que hay mucho menos trabajadores activos sosteniendo a un gran número de pensionados, lo que hace que el sistema sea estructuralmente insostenible.

Frente a esta realidad, Sáenz advirtió que el régimen podría optar por aplicar reformas como las que hizo en 2013, 2018 y 2019, que incluyeron aumentos en las cotizaciones y recortes en las prestaciones.

Confiscaciones y «soluciones de fachada»

Otra de las estrategias con las que el régimen ha pretendido sacar a flote el INSS es la incorporación de bienes confiscados por el Estado al patrimonio de la institución.

En estos últimos siete años, tras la crisis de 2018, el régimen de Ortega ha cerrado más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, expropiado empresas privadas, medios de comunicación, universidades y hasta bienes de la Iglesia Católica.

En ese contexto, el INSS ha recibido decenas de propiedades donadas por decreto presidencial. Según los datos, hasta marzo de este año, la institución tenía registradas, al menos, 133 propiedades transferidas mediante este mecanismo.

Según analistas estas «donaciones» no representan ingresos estables para el INSS ni incrementan su flujo de caja de forma suficiente para cubrir sus obligaciones como pensiones y prestaciones: son «soluciones de fachada».

En palabras de Enrique Sáenz, se trata de «maniobras contables» que no representan ingresos reales para cubrir los gastos de la institución.