El lunes 23 de agosto de 2021, un día que parecía normal, 37 comunitarios de las etnias mayangna y miskitu habían pasado la mayor parte de la jornada trabajando en labores de minería artesanal en las faldas del cerro Kiwakumbaih, también conocido como «cerro sagrado», en el corazón de la selvática reserva de Bosawas, 50 kilómetros al norte del municipio de Bonanza. En la espesura de la montaña solo se oían las voces en las respectivas lenguas de los trabajadores, el apenas perceptible golpe de sus palas y piochas sobre la arcilla de donde extraían el oro, y el viento golpeando en los centenarios árboles donde cantaban aves y aullaban monos. Nada parecía presagiar el horror que estaba a punto de suceder, pero en realidad una gran desgracia los acechaba. Un hombre no indígena había sido visto merodeando cerca del lugar desde temprano, pero no le prestaron atención. Era el presagio que no supieron identificar, la avanzada de la muerte que vigilaba todos sus movimientos.

Alrededor de las tres de la tarde, cuando se disponían a detener las labores porque en la selva oscurece más temprano y muchos comunitarios ya empezaban a reunirse en un claro del cerro, el tiempo pareció acelerarse. El ruido natural de la montaña fue invadido por explosiones y fogonazos que salían de todas partes: largas ráfagas de fusiles de guerra, detonaciones de escopetas y secos sonidos provocados por disparos de pistolas daban inicio a la peor masacre cometida en «tiempos de paz» contra los pobladores autóctonos del Caribe Norte de Nicaragua.

Ubicación de la Masacre de Kiwakumbaih. Se registraron 13 asesinados en el lugar, dos mujeres violadas y cuatro desaparecidos

Alrededor de 40 invasores colonos, también llamados «mestizos», armados como si fueran un pelotón militar, dispararon a mansalva sobre los comunitarios. Al ser tomados por sorpresa, estos trataron de correr para ponerse a salvo de la andanada de balas, pero en el intento de huida caían uno tras otro, ensangrentados, muertos o heridos. Algunos suplicaron que no los asesinaran, pero los colonos no tuvieron compasión y les dispararon en la cabeza. Trece pobladores indígenas quedaron tendidos en las tierras de su cerro sagrado, entre ellos un niño de entre 6 y 8 años y dos mujeres hermanas, de 22 y 31 años, respectivamente, según relatos de sobrevivientes.

Los invasores avanzaron y revisaron los cuerpos uno a uno; a los que encontraban aún con vida, agonizando, los remataban con tiros o a machete. Fue tal la saña contra los comunitarios que algunos cadáveres fueron mutilados y sus partes clavadas en estacas, y otros colgados en los árboles. Una señora de 41 años y su hija, una niña de 14, ambas de la etnia miskitu, fueron capturadas con vida y violadas.

Cuatro trabajadores trataron de quedarse escondidos en los túneles de la mina artesanal, pero fueron capturados vivos. Los asesinos los tomaron como cargadores para llevarse cuanto pudieron de lo que encontraron en el lugar, y nunca más se supo de ellos. «Están desaparecidos, pero lo más seguro es que los mataron», dijo un defensor de Derechos Humanos que documentó la masacre y habló para este reportaje bajo condición de anonimato. 

Comunitarios que lograron salir con vida del cerro sagrado aseguraron que los colonos dinamitaron varios túneles «por si había personas escondidas en ellos y enterrarlas vivas». Lo ocurrido en el Cerro Sagrado, conocido ahora como la «Masacre de Kiwakumbaih», ha sido documentado por diferentes organismos defensores de derechos humanos como el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), la única organización indígena de derechos humanos que trabajó históricamente en los territorios y que fue ilegalizada por la dictadura sandinista en marzo de 2022; el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) y otros, a partir del relato de varios sobrevivientes.

Los cadáveres quedaron tirados en el lugar por varios días. Los familiares de las víctimas, tras conocer la tragedia, tenían temor de acercarse al cerro porque cerca había un campamento de los asesinos. La Policía mostró una pasividad cómplice luego de recibir las denuncias y solo ocho días después se presentó al lugar de la masacre. Tras hacer un «simulacro de investigación» solo reconoció como saldo del crimen nueve asesinados. La entrada de la Policía fue solo para que las familias apenas pudieran enterrar en una fosa común lo que quedaba de los cuerpos, que ya estaban en descomposición.

Las autoridades terminaron absolviendo, de hecho, a los colonos señalados por los sobrevivientes. Además, minimizaron el crimen, reduciéndolo a «una pelea» entre familias indígenas por asuntos de tierras.

Entre las víctimas identificadas por los comunitarios se encuentran Víctor Manuel Matamoros Morales, Armando Suárez Matamoros, Armando Pérez Medina, Alberto Jairo Hernández Palacios, Ody Waldan Salgado, Morgan Pantin, Romel Simón Kelly, Ronald López Mendoza y un adolescente de iniciales J.L.P./J.R.B. 

Además, Sixto Gutiérrez Empra, Borlan Gutiérrez Empra, Kedelin Jarquín Gutiérrez y Jaoska Jarquín Gutiérrez. Estos últimos cuatro eran parientes, de la etnia miskitu y originarios todos de la comunidad Wiwinak, en el territorio Li Lamni.

El saldo total de ese horror fue de 13 asesinados en el lugar, dos mujeres violadas y cuatro desaparecidos.

Varios de los asesinados, por ser de comunidades lejanas, sólo eran conocidos por sus apodos.

La violencia y la impunidad persisten en la región. Las comunidades siguen siendo víctimas de asesinatos, amenazas, hostigamiento y criminalización, mientras esperan respuestas de un Estado acusado de crímenes de lesa humanidad y ahora señalado de asumir posiciones «etnofóbicas» y ejecutar un gradual etnocidio contra los pueblos originarios del Caribe.

Las masacres se ejecutan una tras otra. El 11 de marzo de 2023, cuando aún no se cumplían dos años del crimen colectivo del Cerro Sagrado, los colonos perpetraron otra matanza que llenó de luto a los pueblos originarios. Cerca de 70 colonos atacaron con fusiles AK-47, subametralladora Uzi y escopetas la comunidad de Wilu, en el territorio Mayangna Sauni As. La mayoría de los hombres de la localidad estaba en sus parcelas en trabajos agrícolas, y en el lugar permanecían principalmente mujeres y niños. Asesinaron a 10 comunitarios e incendiaron 16 viviendas y una iglesia morava.

Las víctimas fueron identificadas como Alberto Castillo Palacios, Jorge Enoc Palacios Samuel, Lenin Vílchez Patrón Flores, Yasmin (Jesmin) Jacobo Lázaro, Manuel Morgan Díaz Palacios, Nadilia Palacios Samuel, Mario Patrón Flores, Duts Castillo Frenly, Lisina Flores Castillo y el menor de iniciales O.C.P. 

Los colonos ejecutan emboscadas cuando los indígenas van hacia sus parcelas, los persiguen, los asaltan en sus casas y las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los habitantes de esos territorios ignoran los hechos.

Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y un activo defensor de derechos humanos y ambientales, desnacionalizado por la dictadura de Nicaragua por su activismo, afirma que la Policía y el Ejército de Nicaragua actúan con una «pasividad cómplice» ante los crímenes cometidos por los colonos. Como ejemplo de esa complicidad, denuncia que en el caso de la masacre de Kiwakumbaih la Policía Nacional fue advertida de las amenazas contra los trabajadores indígenas del Cerro Sagrado desde doce días antes de la masacre, pero la denuncia fue ignorada y no se dispuso ninguna medida preventiva. Eso demuestra que «esa institución del Estado actúa como cómplice» ante la violencia que extermina a los indígenas en sus propias tierras.

Otra defensora de derechos humanos que pidió mantener en reservas su identidad, califica las acciones contra los indígenas como un «terrorismo de Estado, porque el Estado está detrás sembrándole el terror a la gente para permitir que se vayan de su comunidades y para permitir que los mineros artesanales y las empresas entren y que causen todo esto».

«Además, me llamó la atención que cuando ocurrió la masacre de Kiwakumbaih, la empresa minera de Bonanza y el propio alcalde (sandinista) de Bonanza salieron criticando a los indígenas, diciendo que ese era un pleito entre comunitarios. Es sospechoso, porque lo que debieron hacer era ir a investigar o quedarse callado, pero más bien los ve oficiosamente tratando de señalar a los indígenas. Ellos mismos se delatan», expone la defensora.

Explicó además que «hay alrededor de 15 medidas de protección del sistema interamericano para estas comunidades y el Estado no las acata. La Comisión y la Corte les han dicho “protéjalos” y el Estado no dice nada. Ya eso los hace responsables».

Finalmente, apuntó directamente a personajes ligados al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los municipios a los que pertenecen estos territorios indígenas de estar directamente ligados al tráfico de tierras y a la penetración de invasores. «Mucha de esta gente que está peleándose esos territorios y las minas con los indígenas son concejales municipales y regionales del Frente Sandinista o son exmiembros de la Seguridad del Estado o han sido y son secretarios políticos del Frente». 

Adicionalmente, por denunciar esas masacres contra los indígenas, el Estado de Nicaragua, no solo guardó silencio y protegió a los ejecutores, sino que se lanzó contra los propios comunitarios y activistas que denunciaban ante los medios de comunicación aquellos crímenes. El ocho de septiembre de 2021, la Fiscalía y la Policía, en conferencia de prensa, anunciaron que acusarían al ambientalista Amaru Ruiz por ciberdelito, pese a que apenas horas después la misma Policía brindó un informe en el que declaraba que supuestamente «esclareció» el crimen.

La criminalización contra los defensores y líderes indígenas que denuncian la barbarie que ocurre en sus propiedades comunales se ha extendido. 12 guardabosques encarcelados, dos de ellos condenados a cadena perpetua, en medio de procesos judiciales poco creíbles. Uno de los comunitarios presos era menor de edad al momento de ser encarcelado. Asimismo, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez James, dos de los principales líderes indígenas políticos del Caribe Norte, están secuestrados por la Policía, en condición de «desaparición forzosa». 

Los liderazgos indígenas han denunciado por décadas que la invasión y crímenes de colonos en los territorios originarios es un proyecto del Estado de Nicaragua, para despojar y extraer los recursos naturales de estas tierras, usando como punta de lanza a los colonos, para esquivar las prohibiciones que contempla la Ley 28 o Ley de Autonomía, y la Ley 445 o Ley de Régimen de Propiedad Comunal y convenios internacionales que protegen a las poblaciones originarias.

Esos señalamiento cobran certeza cuando se evidencia que el gobierno sustituye a las autoridades ancestrales por personas afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes se encargan de vigilar, reportar, amenazar y promover la venta ilegal de tierras y la cohabitación con los invasores. 

Para ilustrar mejor la magnitud de los crímenes y que la tragedia que viven las comunidades originarias de la Costa Caribe de Nicaragua se sepa con la misma crudeza con que ocurren, este equipo construyó un mapa de localización de las comunidades donde han ocurrido los principales ataques de colonos, el número de víctimas mortales por comunidad con nombres y apellidos, y la fecha de ocurrencia.