El defensor del medio ambiente y de los derechos humanos de las comunidades autóctonas de Nicaragua, Amaru Ruiz, se convirtió este ocho de septiembre en el primer activista de la sociedad civil en ser acusado por la Fiscalía de Daniel Ortega por supuestamente cometer ciberdelito al haber denunciado en el 2020 y 2021 las masacres contra pobladores de los territorios indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía orteguista, la tarde de este miércoles «se presentó acusación en contra de Amaru Ruiz Alemán, por la comisión del delito de propagación de noticias falsas, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que prevé y sanciona el artículo 30 de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos».
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Según los fiscales al servicio del reprimen Ortega-Murillo, la acusación se da porque el ambientalista Ruiz «brindó información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde indígenas fueron asesinados, expresando el acusado que “el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos”, lo cual es totalmente falso, ya que existe una investigación policial, una acusación fiscal y un proceso judicial contra los criminales que cometieron tales hechos ocurridos en el año 2020», justifica el Ministerio Público.
Asimismo, aseguran en su acusación que, con relación a los recientes acontecimientos de (23 de) agosto 2021, en el cerro Kiwakumbaih, desde que se conocieron los hechos, (masacre de entre 13 y 15 comunitarios) la Policía Nacional designó un jefe, investigadores y peritos para trasladarse al lugar de los hechos e investigar estos crímenes para identificar y dar con el paradero de los criminales y presentarlos ante la justicia nicaragüense. El acusado Amaru Ruiz pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional. El Ministerio Público solicitó orden de detención».
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Ruiz, que se encuentra en el exilio, es director de Fundación del Río, una ONG que desde los años 90 trabaja en Nicaragua protegiendo y promoviendo el medio ambiente y el desarrollo Comunitario. Dicha organización fue declarada ilegal tras arrebatarle su personería jurídica en diciembre del 2018, cuando la dictadura la acusó junto a otras 17 ONG de haber apoyado las protestas sociales de ese año.
En una entrevista concedida al programa En Contacto, de Artículo 66, el activista exiliado aseguró que con tal acusación contra él «lo que demuestra la Fiscalía es que están actuando contra los que denunciamos las violaciones de derechos humanos en las comunidades de la Costa Caribe».
Agregó que «como nicaragüenses tenemos derechos a fiscalizar las acciones de las autoridades y a monitorear la situación de la comunidad indígenas. Vamos a seguir denunciado la violación a los derechos de los grupos más vulnerables de Nicaragua. Vamos a seguir nuestro trabajo. Al régimen no le gusta que denunciemos. No tengo antecedentes penales, Es primera vez que me acusan formalmente».
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Ruiz insistió que la dictadura pretende callar a los disidentes y en respuesta a esa intención dijo que reafirma las denuncias en torno a que «desde la masacre no hubo ningún pronunciamiento sobre el crimen de parte de las autoridades policiales. Con las denuncias se logró la presión de los organismos internacionales. Esa masacre sigue sin esclarecerse. La versión policial dista mucho de la realidad de lo que pasó en Bosawás».
Aseguró que, sin ánimos de defender a los que ahora están siendo acusados del múltiple asesinato, las versiones de testigos aportan datos totalmente diferentes a los que publicó hoy la Policía dando por esclarecida la masacre.
Mencionó que no son solo nueve los asesinados sino que hay 12 confirmados, además de los nueve que menciona la Policía ellos tienen los nombres de Margan Paty, Rommel Simón Kely , ambos misquitos y a Oscar Jarquín Gutiérrez, los que también fueron asesinados y Dolvin Acosta, que está desaparecido o podría estar muerto.
