La Policía al servicio de la dictadura Ortega-Murillo por fin reaccionó ante la masacre de indígenas de Bosawas ocurrida el pasado 23 de agosto en la que, según los comunitarios, murieron entre 13 y 15 personas a manos de colonos armados, pero ahora la institución nicaragüense achaca el crimen a los mismos indígenas. Establece como móvil una supuesta disputa por una mina artesanal y solo reconoce nueve asesinados, según el informe final conocido por Artículo 66 este miércoles, ocho de septiembre.
En el documento que la Policía presenta como conclusivo indica que «el día lunes, 23 de agosto 2021, a las 5:30 de la tarde, pobladores cercanos al cerro Pukna, ubicado en sector montañoso del municipio de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), informaron a la Policía Nacional que aproximadamente a las 3:00 de la tarde, escucharon detonaciones de armas de fuego. Equipo de investigación policial conformado por oficiales de Auxilio Judicial, peritos de criminalística, oficiales de búsqueda y captura, se dirigió al lugar del hecho, ubicado a 50 kilómetros al noroeste del casco urbano del municipio de Bonanza, sector montañoso, verificando que grupo de delincuentes con armas de fuego se presentaron y agredieron a ciudadanos que laboraban en el punto de güiricería, Kiwakumbaih, ubicado en el cerro Pukna, resultando 9 personas asesinadas a consecuencia de impactos de bala y heridas con armas cortopunzantes».
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Ese dato contradice las declaraciones de los propios comunitarios que hablan de al menos unas 13 o 15 personas asesinadas. Líderes de los territorios indígenas aseguran que sobrevivientes de la masacre lograron identificar a los autores del múltiple crimen y señalan a la una banda de colonos liderada por Isabel Meneses, conocido como Chabelo que jefea una banda delincuencial conocida como los «Kukalones».
El documento policial indica que un equipo técnico de investigadores de criminalística realizaron inspección y fijación fotográfica de la escena, aplicaron técnica canina, ocuparon un casquillo percutido calibre 7.62, color cobrizo. Tres casquillos de escopeta, calibre 12. Nueve perdigones; tres cartuchos color cobrizo y dos casquillos cobrizos, además de una gorra color negra, con manchas hemáticas y orificio de bala en la brisera.
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Entre las víctimas, la Policía identifica a Víctor Manuel Matamoros Morales, Armando Suarez Matamoros, Borlan Gutiérrez Empra, Armando Pérez Medina, Albert Jairo Hernández Palacios, Sixto Gutiérrez Empra, Kedelin Jarquín Gutiérrez, Ody James Waldan Salgad, El adolescente identificado con iniciales J.L.P. y/o J.R.B. Además, indica sobre el abuso sexual contra las mujeres identificadas con iniciales B.C.L., de 41 años, y la adolescente K.J.P.C. Los pobladores indígenas habían informado sobre el asesinato de un niño de seis años. La Policía no lo menciona.
Capturados
De acuerdo con la información policial, luego de sus investigación lograron la captura de varios comunitarios como supuestos autores intelectuales y materiales del crimen, entre los que cuenta a dos hermanos de una de las víctimas.
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Los capturados son: «Argüello Celso Lino e Ignacio Celso Lino, ambos autores intelectuales y materiales de los crímenes y hermanos de una de las perjudicada de abuso sexual identificada con iniciales B.C.L.». También está detenido como presunto autor material Donald Andrés Bruno Arcángel.
Declaran como sujetos de búsqueda policial a Corino Bruno Simeón, Andrés Bruno Simeón, Danilo Bruno Simeón, Rodrigo Bruno Arcángel, Roberto Bruno Arcángel, Junior Alberto Bruno Smith, Marvin Lacayo Brettan, Limbor Gemloth, Miguel Avelino, Taseano Martínez, Simeón, Ubaldo Miguel Barci, y Dionisio Robint Zacarías.
El director del organismo Fundación del Río, Amaru Ruiz, que fue uno de los primeros en denunciar la masacre, dijo a Artículo 66 que no están conformes con el informe conclusivo policial pues los investigadores no tomaron en cuenta las versiones brindadas por los testigos comunitarios y solo reconocen nueve víctimas mortales, cuando algunos sobrevivientes hablan de al menos 15 asesinados.
«Lamentablemente, después de dos semanas de la denuncia, ya conocida a través de medios de comunicación independientes, organismos internacionales de derechos humanos hasta ahora se pronuncia la Policía. Lamentamos que no se haya informado sobre las investigaciones de manera oportuna tanto a familiares como al la sociedad», dijo Ruiz..
Agregó que «la información de la Policía habla de nueve personas. Se conoce que son más de nueve. Los familiares de los asesinados y organismos defensores de derechos humanos brindaremos una conferencia de prensa mañana jueves (nueve de septiembre) y aportaremos las evidencias que hemos conocida de parte de los propios testigos. Los principales sospechosos, que las familias han identificado, así como el móvil de la masacre. Nos preocupa lo escueto del supuesto móvil que establecen las autoridades policiales que no toma cuenta el proceso progresivo de invasión de esos territorios y los intereses mineros que hay en esa zona», concluyó Ruiz.
primero; Fundación del Río no existe así que no se le puede hacer caso.
Segundo; La policia hace sus investigaciones EN EL TERRENO y no necesariamente tiene que coincidir con la de un sujeto que está en Costa Rica informándose por teléfono.
Tercero ; Al parecer lo que quieren es que la policía se subordine a ustedes y repita lo que quieren.