Denuncian como «asesinatos políticos» las muertes de dos opositores bajo custodia del Estado de Nicaragua
Los familiares de personas presas políticas y desaparecidas forzadamente en Nicaragua denunciaron la muerte de dos prisioneros en manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A través de un «comunicado urgente», publicado el 30 de julio, alertaron a la comunidad internacional sobre lo que califican como «asesinatos políticos en condiciones inhumanas».
El pronunciamiento, emitido en el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, subraya que la dictadura entregó recientemente a los familiares los cuerpos sin vida de dos personas que permanecían desaparecidas por razones políticas.
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Se trata de Mauricio Alonso, desaparecido el 18 de julio y entregado muerto a sus parientes el 25 de agosto. Las razones del fallecimiento se omitieron. Sin embargo, desde su secuestro, los familiares del opositor lo buscaron en hospitales y cárceles y nunca hubo información sobre su paradero.
Fue hasta que el pasado lunes el Instituto de Medicina Legal se comunicó con los cercanos a Alonso para que retiraran el cadáver.
El otro caso es el del doctor Carlos Cárdenas, jurista que participó como asesor técnico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el Diálogo Nacional de 2018.
A Cárdenas lo secuestró la Policía Sandinista 15 días atrás y lo entregaron muerto a su familia, denunciaron organismos de derechos humanos.
El Estado, el responsable
«Nos negamos a normalizar esta práctica infame y denunciamos con fuerza que cada muerte bajo custodia estatal es un asesinato político», advirtieron los firmantes.
Los familiares señalaron que estos crímenes constituyen una muestra clara de la brutalidad del régimen, que ha convertido la prisión política en una condena a muerte silenciosa. «En Nicaragua no solo significa persecución y tortura, sino también la condena a muerte en condiciones inhumanas», remarcaron.
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En su comunicado, los denunciantes recordaron que más de 70 personas permanecen encarceladas o desaparecidas en cárceles clandestinas y centros de detención, donde sufren torturas físicas y psicológicas, incomunicación prolongada y condiciones inhumanas. A esto se suma el crimen de la desaparición forzada, que priva a las familias de la certeza sobre la vida de sus seres queridos.
«El pueblo nicaragüense necesita acciones firmes que contribuyan a detener esta barbarie y abrir paso a la justicia, la libertad y la democracia», reclamaron.
Demandan justicia y liberación
Entre sus exigencias, los familiares demandaron la liberación inmediata de todas las personas presas políticas, la aparición con vida de las desaparecidas y el respeto al derecho a la vida, la dignidad y la integridad de cada prisionero de conciencia.
Además, reclamaron justicia para quienes han sido asesinados en prisión bajo custodia del régimen y reparación para sus familias. También pidieron la rendición de cuentas de quienes ordenan y ejecutan lo que calificaron como «crímenes de lesa humanidad».
Los denunciantes subrayaron que la vida de sus familiares está en riesgo permanente y que el silencio oficial constituye una confirmación de la crueldad con la que actúa el régimen Ortega-Murillo.
«Nuestros seres queridos no están solos. Sus nombres, sus rostros y sus luchas viven en nuestra memoria y en nuestra resistencia día a día por su liberación», expresaron en el documento.
El pronunciamiento concluye con una consigna que se ha convertido en emblema de los familiares desde el inicio de las protestas sociales de abril de 2018: «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!».
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