Otro preso político que la dictadura de Ortega habría entregado muerto, según denuncian activistas y opositores
Organizaciones de abogados y movimientos opositores denunciaron que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó muerto a su familia al jurista nicaragüense Carlos Cárdenas Zepeda, quien permaneció 15 días preso tras su secuestro por la Policía Nacional.
La Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua (ADANIC) y el Movimiento de Unidad Democrática (MUD) condenaron la muerte del jurista y lo calificaron como un «crimen político», al tiempo que llamaron a la comunidad internacional a exigir justicia.
En la página de Facebook del Frente Unido Democrático (FUD) también se denunció el hecho: «El Dr. Carlos Cárdenas, jurista, fue secuestrado por la Policía Sandinista hace 15 días y lo entregaron muerto a su familia». La publicación recordó que el abogado participó como asesor técnico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el Diálogo Nacional de 2018.
La información la publicó La Prensa y 100% Noticias. Este último medio de comunicación destacó que contactó con familiares que corroboraron la noticia.
Organismos en el exilio, por su lado, agregaron que la familia del preso político fallecido está «aterrada».
Abogado Cárdenas estuvo preso en 2018
El abogado fue víctima de hostigamiento en 2018, cuando lo secuestraron de su vivienda del residencial San Andrés, en Ciudad Sandino, Managua, el 20 de agosto de ese año. Según denunció entonces su esposa, Lisseth Galeano, dos personas armadas lo obligaron a subir a un vehículo sin placas bajo amenaza de muerte, un hecho que presenció la hija menor de la pareja.
Previo a ese ataque, Cárdenas había recibido amenazas telefónicas para que abandonara su labor como asesor técnico de la Conferencia Episcopal en el Diálogo Nacional. En aquel momento, la CEN aclaró que no era asesor permanente, pero sí contaba con credenciales como especialista en temas de Contraloría General de la República.
Fue funcionario de la Contraloría
Cárdenas se graduó en la Universidad Centroamericana (UCA) como abogado y notario, con una maestría en Administración Pública. Se desempeñó como asesor legal de la Contraloría General de la República entre 1997 y 2016, y era reconocido por su experiencia en Derecho Administrativo y Constitucional, contratación estatal y fiscalización de contratos. También ejerció como docente universitario y conferencista en temas de administración pública.
No es el primer caso de muerte bajo custodia
La muerte de Carlos Cárdenas no es la primera. En las cárceles y centros de detención de Nicaragua se registraron en los últimos años varios decesos de opositores y críticos del régimen bajo circunstancias que todavía resultan un misterio.
Hace apenas cinco días, el lunes 25 de agosto, se denunció también la muerte del opositor Mauricio Alonso Petri, originario de Carazo, a quien capturaron en Jinotepe el 18 de julio de 2025.
Sus familiares lo declararon en condición de desaparición durante 38 días, hasta que en la madrugada del lunes los llamaron al Instituto de Medicina Legal para reconocer su cuerpo. Organismos opositores sostienen que Petri también murió en prisión y que su cadáver lo entregaron sin mayores explicaciones, un hecho que generó condena internacional.
En febrero de 2022, el general en retiro y excomandante guerrillero Hugo Torres Jiménez falleció mientras permanecía preso desde junio de 2021. El régimen informó que lo trasladaron a un hospital, donde murió por un deterioro de salud, pero organizaciones de derechos humanos sostuvieron que Torres estuvo preso en condiciones inhumanas y sin atención médica adecuada, lo que precipitó su fallecimiento.
Un caso que generó gran conmoción fue el del preso político Eddy Montes Praslin, a quien ejecutaron el 16 de mayo de 2019 dentro de la cárcel La Modelo. Según denunciaron sus compañeros de prisión, un custodio le disparó con un fusil AK-47 durante un altercado dentro del penal. A Montes lo encerraron desde 2018 por su participación en protestas contra el gobierno y su muerte la catalogaron como una ejecución extrajudicial.
El hermano que denunció la violación de una adolescente por parte de Daniel Ortega
Otro episodio que marcó la lista de muertes bajo custodia es el del abogado Santos Sebastián Flores Castillo, quien denunció a Daniel Ortega por violación contra su hermana, Yuniet Flores Castillo, cuando era adolescente. A Santos Sebastián lo encarcelaron y posteriormente falleció en prisión en circunstancias que las autoridades nunca aclararon.
En 2024 también falleció bajo custodia Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador Daniel Ortega. Aunque oficialmente se informó que permanecía en el hospital por razones de salud, opositores y fuentes críticas aseguraron que estuvo bajo vigilancia policial estricta en un régimen de encierro, hasta que que notificaron su muerte a su familia.
Estos casos muestran que las muertes en prisión de figuras opositoras del régimen son parte de una política normalizada en la dictadura sandinista. Los prisioneros murieron bajo custodia estatal, aislados, o sin medicamentos necesarios para sus padecimientos.
Tras su muerte, la dictadura entregó los cuerpos, sin mayores explicaciones ni documentos creíbles que certifiquen las verdaderas razones de sus muertes, pero además, en algunos casos, hasta obligan a la familia a enterrarlos apresuradamente, sin funerales ni actos religiosos, lo que también se convierte en otra confesión de la responsabilidad estatal en sus decesos.
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