Policía secuestra al coronel en retiro Carlos Brenes y a su esposa, Salvadora Martínez

La Policía de Nicaragua arrestó arbitrariamente al coronel en retiro Carlos Brenes Sánchez y a su esposa, Salvadora Martínez.
El operativo se desarrolló la medianoche del 14 de agosto, informó la opositora Dulce Porras a Artículo 66. La pareja acumula seis días bajo desaparición forzada.
Ese jueves, se presentaron policías a la casa del matrimonio, ubicada entre Masatepe y Jinotepe, y sin orden judicial se los llevaron detenidos.
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Brenes es un excarcelado político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al exmilitar lo mantuvieron privado de su libertad por más de diez meses.
Lo capturaron el 28 de agosto de 2018 en la frontera de Peñas Blancas cuando se dirigía a Costa Rica para tratar su padecimiento de diabetes.
Porras, vicepresidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), explicó que Brenes, por seguridad, «prefirió no continuar participando en política. Después que salió de la cárcel su salud empeoró. Se dedicó a su finca, pero la maldad y la saña contra el pueblo de Jinotepe ya lo alcanzó y se lo llevaron a él (Carlos Brenes) y a Salvadora. Es lamentable hacer eso contra un hombre tan enfermo como Carlos y contra su mujer que no se mete en nada».
Carlos Brenes fue combatiente histórico del FSLN. Estuvo secuestrado en una celda de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, en Tipitapa.

La dictadura lo acusó de terrorismo. Sin embargo, salió el 11 de junio de este año, bajo la polémica Ley de Amnistía orteguista.
Su historial político
Brenes, de 70 años, es un rostro reconocido en las filas militares. Se retiró del Ejército Popular Sandinista en 1994 con el grado de coronel. Fue uno de los fundadores y coordinador del Grupo Patriótico de Militares Retirados.
Durante las protestas de 2018, Brenes cuestionó a los Ortega-Murillo por la brutal violencia ejercida contra la ciudadanía y defendió el derecho a la protesta pacífica.
En marzo de 2021, Brenes y su núcleo familiar recibieron medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según dio a conocer el organismo regional adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), por considerar que la vida del opositor y sus parientes más cercanos están en riesgo ante el régimen de Nicaragua.

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