Régimen de Ortega mantiene a 29 personas en desaparición forzada
Al menos 29 personas continuaban en paradero desconocido en Nicaragua al 31 de agosto de 2026, como parte de un registro de 161 casos de desaparición forzada documentados desde 2018, según un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas.
Los expertos advierten que la cifra podría ser mayor y señalan que las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica utilizada para castigar, intimidar y ejercer presión sobre opositores y sus familias.
El informe sostiene que lo que inicialmente fueron «desapariciones de corta duración» pasó a convertirse en una práctica de desapariciones prolongadas, con personas cuyo paradero permanece desconocido durante meses o incluso años.
Para los expertos, estas acciones forman parte de un patrón más amplio de represión y constituyen crímenes de lesa humanidad.
El Grupo de Expertos fue creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las violaciones cometidas en Nicaragua desde abril de 2018 e identificar a los responsables.
El informe señala que las desapariciones han sido posibles mediante la actuación coordinada de distintas instituciones y una cadena de mando que, según los investigadores, alcanza los niveles más altos del Estado.
Los expertos vinculan estas desapariciones con delitos como encarcelación, tortura, actos inhumanos y persecución por motivos políticos.
Muertes bajo custodia
También documentaron la muerte de ocho personas bajo custodia por motivos políticos.
El Grupo de Expertos pidió al Gobierno de Nicaragua informar sobre el paradero de las personas desaparecidas, liberar a quienes permanecen detenidos por motivos políticos e investigar las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
El informe señala que la práctica se mantiene en un escenario de cierre de espacios políticos y represión contra voces consideradas críticas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Entre los casos examinados está el del líder indígena miskitu y exdiputado Brooklyn Rivera, quien murió en mayo de 2026 después de permanecer detenido durante casi tres años.
Los expertos sostienen que Rivera pasó por dos períodos prolongados de desaparición forzada durante sus 32 meses bajo custodia estatal.
El Grupo cuestionó además la versión oficial sobre su fallecimiento y señaló que presentó «incoherencias médicas fundamentales» que no pudieron ser verificadas ante la falta de una investigación independiente.
El Gobierno informó que Rivera había sufrido infecciones respiratorias y otras complicaciones mientras permanecía hospitalizado y aseguró que recibió atención médica especializada.
Sin embargo, según el informe, la familia no tuvo acceso a su expediente médico durante el tiempo que permaneció detenido. Tampoco se practicó una autopsia que permitiera establecer de manera independiente la causa de su muerte.
El caso de Rivera había sido objeto de preocupación internacional antes de su fallecimiento. En 2025, expertos y relatores de Naciones Unidas habían expresado preocupación por su detención arbitraria y desaparición forzada.
Los expertos de la ONU reiteraron la necesidad de esclarecer el destino de las personas desaparecidas y determinar responsabilidades por las violaciones documentadas.
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