Electrocución, encadenamiento y violaciones sexuales: las torturas del régimen Ortega-Murillo contra presos políticos indígenas

Un nuevo informe de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (Calpi) reveló un patrón de torturas y tratos crueles contra 12 indígenas mayangnas y miskitus en situación de prisión política en Nicaragua.

Entre los detenidos hay líderes comunitarios y guardabosques detenidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por hacer frente a invasiones de colonos y megaproyectos de extracción.

Según el informe «Del bosque a la celda: indígenas miskitos y mayangnas sufren tortura y aniquilación cultural en las cárceles Ortega-Murillo», los detenidos han sido sometidos a diversas formas de tortura. Entre las agresiones documentadas se encuentran: golpizas con puños o tonfas, ahogamiento simulado, descargas eléctricas, encadenamiento prolongado de manos y pies que impedía incluso realizar necesidades fisiológicas básicas, aislamiento, amenazas de muerte y violaciones sexuales.

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La UDJ y Calpi advirtieron que estas torturas no solo causan daño físico y psicológico individual, sino que tienen «una dimensión cultural y espiritual», al atacar directamente la identidad de los pueblos originarios.

«Al golpear por hablar una lengua indígena, el mensaje es que la cultura, la identidad y la historia del pueblo son algo prohibido o inferior. Es un intento de aniquilación simbólica», alertó el informe, calificando estos actos como racismo estructural.

Indígenas presos temen hablar en su lengua

Los testimonios recabados exponen humillaciones y prohibiciones dentro de las cárceles. La madre de un prisionero relató que en una ocasión le llevó una bolsa de medicina natural con hojas de albahaca, culantro y san diego a su hijo.

Sin embargo, las autoridades penitenciarias calificaron esto de «hechizos». «Por eso, prefieren no hablar en su lengua para evitar burlas o represalias racistas», documenta el reporte. Otra madre relató: «Mi hijo está triste. Él ya no me habla. Cuando me llama, llora. Está sufriendo mucho».

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La represión también alcanza la alimentación. «Un joven privado de libertad solicitó a su madre que le llevara alimentos como banano verde, cacao, leche y pescado. La madre indicó que todos esos productos tienen un significado cultural, porque son los alimentos que se consumen en la comunidad. Sin embargo, las autoridades negaron el acceso».

El informe denunció además que el régimen ha utilizado estas prácticas como estrategia de control social. Alertó que el encadenamiento prolongado y público de líderes indígenas no solo provoca un profundo sufrimiento físico y psicológico, sino que también busca despojarlos de su dignidad y rol social al presentarlos como «criminales peligrosos».

«Esta práctica envía un mensaje intimidatorio a la comunidad: Esto les puede pasar si resisten. El uso de cadenas, un símbolo histórico de la esclavitud, es visto como un acto de humillación cultural y racismo estructural, que revive formas de represión coloniales», recalcaron las organizaciones.

Régimen comete «un etnocidio»

Las entidades sostienen que los hechos descritos «pueden ser calificados como tortura étnicamente motivada y, por ser sistemáticas, como crímenes de lesa humanidad por persecución étnica o cultural» e incluso como genocidio cultural. «La privación deliberada de condiciones esenciales de vida, como el acceso a lengua, alimentos, medicina y territorio, forma parte de una estrategia de destrucción cultural que afecta la continuidad colectiva de los pueblos indígenas».

El impacto trasciende las celdas: «La prisión política ha sido devastadora para los pueblos indígenas en su colectivo, ya que ha generado terror en las comunidades y ha facilitado el avance de la colonización de sus territorios».

El informe alertó también a la comunidad internacional. «Estamos ante la extensión de un etnocidio en curso» y urgió una intervención inmediata para garantizar justicia, reparación y protección a las víctimas.

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