La Procuraduría de Justicia ya está en funcionamiento, sin ley y según los antojos de Rosario Murillo

Wendy Morales, procuradora del régimen Ortega-Murillo, defendió la creación de la Procuraduría General de Justicia y la reforma constitucional que centraliza las funciones de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público bajo una sola entidad y aseguró que ya funciona bajo los nuevos lineamientos de «cero tolerancia a la corrupción».

Durante una entrevista con el medio oficialista TN8, Morales insistió que la nueva procuraduría ya está en marcha, pese a que aún no se aprueba en segunda legislatura, como supuestamente manda la misma constitución de Ortega, ni se crea la Ley Orgánica, ni el reglamento para su funcionamiento.

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«Ya estamos en funciones», dijo Morales, aclarando que la reforma no suspende las funciones del Ministerio Público, ni de la Procuraduría General de la República, pero subrayó que la lucha contra la corrupción será ahora «más firme» y con una «mayor presencia» de la Procuraduría.

«Cualquier indicio de corrupción, por mínimo que sea, se castigará», aseguró, aunque no ofreció detalles sobre cómo la nueva institución abordará las denuncias de corrupción en el propio gobierno que ella misma representa.

Lo que no dijo la procuradora, sobre la corrupción de los Ortega-Murillo

La procuradora de la dictadura no dijo, por ejemplo, si en su «cruzada» contra la corrupción, se atreverá a investigar el paradero de los más de cinco mil millones de dólares provenientes de la cooperación venezolana, que fue privatizada por la dictadura sandinista. Incluso, el mismo canal en el que dio la entrevista, el sandinismo lo compró con ese dinero de los fondos petroleros que para Nicaragua representan una deuda con el país andino, pero que el anillo económico del FSLN amasó desenfrenadamente.

Tampoco se atrevió a decir si investigará los millones de dólares que la dictadura ordena a las instituciones que le entreguen de sus presupuestos a los caprichos que administra cada uno de los hijos de Ortega y Murillo. Por ejemplo, la empresa Difuso, una productora audiovisual que maneja Juan Carlos Ortega Murillo, recibe enormes partidas para la producción de spots publicitarios del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), y otras entidades, para la realización de propaganda.

Nicaragua Diseña e Incanto, otros dos caprichos de los hijos Ortega-Murillo

Camila Ortega Murillo con su capricho de moda y modelaje Nicaragua Diseña, también exprime del presupuesto estatal otra jugosa partida para la realización de ese evento anual y para mantener en pie una estructura en la que sostiene salarios de sus amigos, diseñadores, productores y empresas que le hacen comparsa.

Laureano Ortega también ordeña los presupuestos de las instituciones gubernamentales para sostener un capricho. La Fundación Incanto, dedicada al montaje de conciertos de ópera y a pagar viajes de grupos italianos enteros, sin ningún tipo de rendición de cuentas. Sobre estos cuatro pequeños «botones» de muestras, la procuradora Wendy Morales prefiere volver a ver para otro lado.

En cuanto a las competencias que la nueva Procuraduría asumirá, Morales reiteró que además de representar a los intereses del Estado, se encargará de la representación de la víctima de delitos comunes, una competencia que antes era responsabilidad del Ministerio Público.

Procuraduría de Justicia con «espíritu revolucionario»

Morales también justificó la acelerada aprobación de la reforma constitucional, que fue discutida y aprobada de manera exprés en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, argumentando que «la lucha contra la corrupción» no puede esperar.

«Es un mensaje claro de lucha implacable contra este flagelo. La nueva Procuraduría actuará bajo un espíritu revolucionario y los funcionarios públicos deberán rendir cuentas al pueblo nicaragüense», dijo sumándose así al discurso impulsado por Rosario Murillo y dejando claro que la nueva estructura responderá a los intereses de la dictadura.

En contraste con esta narrativa, especialistas en derecho señalan que la reforma, más que una medida para fortalecer el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, refuerza el control del régimen sobre el aparato judicial y busca etiquetar a cualquier disidencia de «corrupta» para justificar acciones de persecución.

Esta reforma constitucional, que establece la nueva Procuraduría General de Justicia, surge en medio de un clima de creciente tensión dentro de las filas del régimen. La medida coincide con el encarcelamiento de Bayardo Arce, un antiguo asesor económico de Ortega, acusado de haber ocultado bienes y de realizar transacciones sospechosas.

Una procuradora que confisca y persigue a opositores y disidentes

Wendy Morales es una figura clave en la ejecución de políticas represivas en Nicaragua, incluyendo la persecución a las ONGs y a opositores. Además, está señalada por su implicación en el despojo de bienes a organizaciones y ciudadanos críticos del régimen. Por estos hechos, Morales se encuentra sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde el 21 de marzo de 2024.

«La procuradora general de Nicaragua, en colaboración con el régimen Ortega-Murillo, explota su posición para facilitar una campaña coordinada de supresión de la oposición al expropiar propiedades de oponentes políticos del gobierno sin una base legal», señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Washington también incluyó a Morales en una lista de «actores corruptos y antidemocráticos» de los países centroamericanos, conocida como Lista Engel, según reseñó el portal VOA Noticias.