Dictadura Ortega-Murillo entrega otras 40 mil hectáreas a empresa minera Global Group, ligada a testaferros del FSLN

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó este martes, 22 de julio, cuatro nuevas concesiones mineras a la empresa Global Group Sociedad Anónima, elevando a más de 86 mil hectáreas el total de territorio nacional que ha pasado a manos de esta compañía en cuestión de días. Las nuevas adjudicaciones abarcan 40,710 hectáreas y fueron formalizadas mediante los acuerdos ministeriales 020-SBT-M-017-2025, 021-SBT-M-018-2025, 022-SBT-M-019-2025 y 023-SBT-M-020-2025, publicados en La Gaceta, Diario Oficial.

Las concesiones están ubicadas en los departamentos de Madriz y Chontales, y permitirán la exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos por un periodo de 25 años, bajo condiciones contractuales ampliamente favorables para el concesionario.

Las áreas entregadas corresponden a los lotes denominados Segovia Mining 4, con 1,200 hectáreas en San Juan del Río Coco, Madriz; Segovia Mining 5, con 600 hectáreas también en San Juan del Río Coco; Segovia Mining 6, con 13,300 hectáreas distribuidas entre los municipios de Telpaneca y San Juan del Río Coco; y el lote Acoyapa, que comprende 25,610 hectáreas repartidas entre Villa Sandino (13,786.62 hectáreas), Acoyapa (11,189.79 hectáreas) y El Coral (633.59 hectáreas), en el departamento de Chontales.

Los títulos fueron firmados por el viceministro Santiago Bermúdez, y se basan en solicitudes presentadas por Global Group el 5 de febrero de este mismo año. En todos los casos, el Ministerio de Energía y Minas concluyó en menos de cinco meses que la empresa cumplía con los requisitos técnicos, legales y financieros.

Estas nuevas concesiones se suman a otras tres que la misma empresa recibió el pasado 17 de julio de 2025, también formalizadas mediante acuerdos ministeriales y publicadas en La Gaceta. En aquella ocasión, el régimen entregó 46,167.58 hectáreas distribuidas en los lotes Segovia Mining 1, Segovia Mining 2 y Segovia Mining 3, ubicados en once municipios de los departamentos de Nueva Segovia y Madriz. El lote Segovia Mining 1 abarca 18,305.80 hectáreas en El Jícaro, Ciudad Antigua, Telpaneca y San Juan del Río Coco; el lote Segovia Mining 2 comprende 1,861.78 hectáreas en El Jícaro, San Fernando y Ciudad Antigua; y el lote Segovia Mining 3 se extiende por 26,000 hectáreas en San Fernando, Mozonte, Ciudad Antigua, Ocotal, Telpaneca, Totogalpa y Palacagüina.

Con estos siete títulos mineros, Global Group ya controla 86,877.58 hectáreas del territorio nacional para actividades extractivas.

El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, ha advertido que Global Group Sociedad Anónima podría estar operando como empresa fachada del régimen Ortega-Murillo. Ruiz señala que el apoderado general de la compañía, Deybi Josué García Gutiérrez, es conocido por administrar una promotora de conciertos vinculada al oficialismo, mientras que otro operador de la firma sería Carlos Arturo Gallese Ruiz, señalado como paramilitar y cercano a uno de los hijos de Ortega y Murillo. Otro representante legal de la empresa ante el MEM es Mario José Reyes Morales, quien figura como CEO de Global Group y firmó personalmente las solicitudes de concesión.

Pese a su aparición en registros desde 2021, esta es la primera vez que Global Group recibe títulos mineros por parte del Estado, lo que ha despertado sospechas sobre su repentina expansión territorial y la celeridad con la que el régimen ha aprobado sus solicitudes.

Con la entrega de más de 86 mil hectáreas a Global Group y las 379,916.38 hectáreas previamente otorgadas a cuatro compañías chinas —Song Fu Development S.A., Brother Metal S.A., Nicaragua Xin Xin Lince Minería Group y Thomas Metal S.A.— el régimen Ortega-Murillo ha concesionado más de 465 mil hectáreas del país para la minería industrial.

En 2024, las exportaciones de oro y otros minerales reportaron ingresos por 1,391.6 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Nicaragua. Sin embargo, esta bonanza ha sido cuestionada por sus efectos sociales y ambientales, incluyendo denuncias por contaminación de fuentes de agua, afectación de territorios indígenas y despojo de tierras a comunidades rurales.