Trabajadores de la Alcaldía de El Viejo, despojados de derechos laborales y sometidos a amenazas y chantajes

Trabajadores de distintas áreas de la Alcaldía del municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega, denuncian que están siendo afectados por otra arbitrariedad. Las autoridades de esa comuna, administrada por el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), les están cercenando sus derechos laborales y económicos, incluso los que están establecidos en el Convenio Colectivo dentro de esta institución.

Según una funcionaria administrativa, que pidió no mencionar su nombre por razones de seguridad, desde marzo de este año al gremio de vigilancia de la comuna se le notificó que no recibirían más su bono de despensa o provisión, que les retiraron el beneficio de riesgo laboral y el derecho a la recreación, que consistía en un viaje de campo al mar por el Día de las Madres.

En términos económicos, dijo otro trabajador del área de servicios municipales, ese es «un golpe» para trabajadores que tenemos salarios bajos.

«El (pago por) riesgo laboral era de 1,400 córdobas mensuales. Por el viaje al mar también te daban 1200 (córdobas) y el Día de la Madre a las mujeres les daban 500 córdobas de bono y a los hombres, el Día del Padre, también (les pagaban) 500 córdobas», dijo el operario.

«La provisión o despensa era un paquete con alimentos y granos básicos que le ayudaba a uno», comentó la fuente.

Ante la inconformidad, llega la presión

Ante la inconformidad de los trabajadores de la alcaldía viejana, la maquinaria política departamental y municipal del sandinismo se hizo sentir.

La secretaria política municipal del FSLN en El Viejo, María Elena Vélez; la alcaldesa María del Tránsito Guevara, y el secretario del Consejo Municipal, Adrián Áreas, así como el representante del oficialista Frente Nacionales de los Trabajadores (FNT) en el departamento de Chinandega, Francisco Escalante; citaron a una asamblea el pasado 27 de mayo.

En dicha reunión, los operadores políticos de la dictadura sandinista no se guardaron ninguna amenaza para arrinconar a los más de 100 trabadores que estaban en el encuentro, donde se suponía que el sindicato “Narciso Zepeda” trataría de negociar para que se mantuvieran los beneficios. No lo logró.

En su lugar, estos personajes políticos les dijeron a los trabajadores administrativos, vigilantes, operadores de limpieza municipal y panteoneros que «al trabajador que no le parezca las medidas tomadas, van despedidos y serán considerados traidores del gobierno».

En el encuentro, dijo la administradora, un vigilante conocido como “Chilo Llanes” les dijo a las autoridades de la alcaldía y a los operadores departamentales que «aquí todos fuimos a la guerra y (nos) hemos ganado estos derechos».

Pero la respuesta de Escalente fue más punzante. «El argumento que dieron para justificar esas nuevas medidas que nos afectan directamente en nuestra economía fue que “la alcaldía está en crisis” y nos dijeron claramente que del próximo empleado que supieran de quejas e inconformidad ante estas medidas “austeras”, sería llamado a reunión directamente con el secretario político departamental (del FSLN), José Manuel Espinoza (Chemaya), y que se tomarían “otras medidas”», denunció la informante.

Los trabajadores afectados lamentaron que toda esta situación se esté dando «a vista y paciencia de los representantes sindicales que no abren la boca ni dicen nada por defender a sus afiliados».

En la reunión, además del dirigente del FNT, que más bien llegó para amenazar y chantear, el propio secretario del sindicato municipal “Narciso Zepeda”, el orteguista Bismark Briseño, se sumó a las presiones y trató de «convencer» que «tenemos que entender la situación económica que tenemos en la Alcaldía».

Unos 20 trabajadores ya se fueron

Tras la medida y las amenazas, dijo la fuente administrativa, unos 20 trabajadores prefirieron irse. «Casi 20 ya fueron. Entre ellos, cinco vigilantes, y unos 15, entre administrativos y de servicios municipales prefirieron renunciar», explicó la trabajadora.

«En este momento no hay ni “parqueros” ni “panteoneros”», concluyó.

Las presiones económicas en esta alcaldía del occidente del país ocurre en medio de un proceso de compactación que el régimen de Ortega y Murillo ha ejecutado en todo el aparato estatal.

Desde agosto de 2024, los jefes de la dictadura anunciaron un supuesto proceso de «ordenamiento, reestructuraciones y rediseño» estatal, con el que buscaban «promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública». El supuesto ordenamiento dejó a miles de personas en el desempleo, entre esos colaboradores del Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), del Ministerio de Salud (Minsa) y de diferentes alcaldías del país.

En El Viejo, los ajustes económicos aplicados fueron sobre los beneficios, pero al menos ahí, mediante la presión y el chantaje, lograron que renunciaran algunos, que ya le quita presión financiera a esa comuna.