Murillo acusa a EE . UU. de «fascismo» por separar a niños migrantes, pero ella ha separado a decenas de niños de sus padres y madres presos políticos
Rosario Murillo, la mujer de Daniel Ortega y la vocera de la dictadura sandinista, arremetió este martes, 1 de julio, en contra de Washington por la reciente denuncia de la separación de 18 niños venezolanos de sus padres durante los procesos de deportación. Calificó la medida como una política migratoria «fascista» y de «odio racial ».
«Separar a padres y madres de sus hijos es una práctica condenada con la que el fascismo hitleriano aterrorizó al mundo», declaró Murillo durante su alocución diaria. Además exigió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) una acción inmediata para detener el «odio prepotente y hegemónico que se ha desatado sobre la familia humana».
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De esta manera, la funcionaria que maneja con mano de hierro la administración pública en Nicaragua respaldó la petición planteada por el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, quien pidió la mediación del «papa León XIV» para rescatar a los menores, de entre 1 y 12 años, retenidos en territorio estadounidense. «¿A quién le podemos pedir ayuda?», dijo Maduro tras calificar los hechos como «secuestro».
El doble discurso de Murillo
El altisonante discurso de Murillo para solidarizarse con el gobierno autoritario de Venezuela contrasta con la realidad que vivieron en Nicaragua los hijos de los presos políticos encarcelados desde la ola represiva de 2018.
En agosto de 2024, la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) contabilizó, al menos 37 menores afectados: 5 no habían visto jamás a sus padres desde el arresto y 13 seguían sin poder visitarlos «por motivos personales o económicos», agravados por la persecución estatal.
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«Los niños de presos políticos padecen humillaciones, largas esperas y la presencia de custodios armados cada vez que intentan ver a sus padres», denunció la UDJ en su informe de hace un año.
El informe detallaba que, además de que se les ha negado el derecho a visitar a sus padres en prisión, los hijos de los presos políticos han enfrentado situaciones muy duras: vieron cómo detenían violentamente a sus padres, presenciaron registros en sus casas, fueron desalojados temporalmente o les quitaron sus pertenencias, incluso sus juguetes.
Casos emblemáticos
El opositor Roger Reyes fue encarcelado por el régimen Ortega-Murillo el 20 de agosto de 2021. Fue sometido a un juicio por supuesto menoscabo a la integridad y soberanía nacional. Mientras estuvo en la cárcel, sus hijas solo pudieron verlo en dos ocasiones, pero eso ocurrió sólo después de más de un año. Finalmente, pudieron reunirse en 2023, tras el destierro de su papá.
Alejandra Mendoza nunca pudo ver a su papá, Miguel Mendoza. El periodista permaneció preso 598 días en la prisión «El Chipote». Actualmente, Mendoza vive en Estados Unidos con su familia tras su destierro.
La activista y en ese entonces presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Suyén Barahona, pasó 19 meses separada de su hijo. Hasta que finalmente pudo encontrarse con él después de que fuera desterrada por el régimen Orteguista.
El otro caso emblemático fue el de la niña hija de la exprisionera política Tamara Dávila, quien también fue separada de su padre. La Policía invadió su casa, destruyó cámaras, portones y se robó hasta objetos personales de la vivienda. La niña tuvo que ser rescatada por su abuela y sus tías y fue separada de su mamá por más de año y medio. También se pudo reencontrar con Tamara meses después de que la activista fue desterrada y para hacerlo, la familia debió sacar a la menor a escondidas del país.
Pero la dictadura no solo ejecutó ese tipo de desmanes contra niños hijos de los prisioneros políticos. Lo hace a diario. Es cotidiano. El régimen exige juicios «contra el imperialismo», pero la dictadura Ortega‑Murillo mantiene un «aparato de represión» que comete detenciones arbitrarias, torturas y separa familias como forma de castigo político permanente.
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