Centro Presidencial George W. Bush denuncia que Ortega se consolidó en el poder al apoderarse de la economía

Han pasado casi dos décadas desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tomó el poder en Nicaragua, y desde entonces, ha logrado una consolidación casi total en el país.

De acuerdo con un informe publicado recientemente por el Centro Presidencial George W. Bush, esta estocada final a la democracia nicaragüense ha sido posible no solo mediante el uso de la fuerza policial, sino principalmente al «apoderarse de la economía nacional», aplastar la independencia de las instituciones estatales y confiscar masivamente al sector privado y a la sociedad civil.

En el análisis, que fue firmado por la investigadora de Política Global de dicho instituto, se detalla que las maniobras del régimen han convertido al país en una dictadura dinástica orientada a proteger «su riqueza ilícita» y garantizar la permanencia indefinida de la familia gobernante en el poder, lo que, advierte, socava «las libertades del pueblo nicaragüense» y hace que representen «un peligro para la estabilidad regional».

Reformas para perpetuarse y blindar activos

El informe recuerda que, en enero de 2025, el régimen nicaragüense aprobó reformas constitucionales diseñadas para garantizar que Ortega y Murillo gobiernen bajo la figura de «copresidentes» con el fin de subordinar «la autoridad de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo».

Asimismo, se han realizado otras 11 reformas, siendo las de 2014, 2024 y la aprobada en primera legislatura en 2026, las que han estado destinadas a extender mandatos presidenciales, postergar los comicios y anular cualquier posibilidad de que la oposición participe en procesos electorales.

A esto se suma la inclusión de una medida en las reformas constitucionales que busca blindar al régimen frente a la presión internacional, declarando el rechazo a la «aplicación extraterritorial de leyes extranjeras» e ignorando las resoluciones de organismos multinacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Asfixia económica, cierres masivos y represión

El documento resalta que la captura del aparato económico ha sido un pilar estratégico del régimen para financiar su mecanismo de represión, y es que, desde el inicio de las protestas ciudadanas en abril de 2018, la dictadura ha acelerado la confiscación de bienes y la cancelación arbitraria de más de 5.000 organizaciones no gubernamentales, entre las que se incluyen entidades benéficas, universidades, empresas, medios de comunicación independientes e instituciones religiosas.

«El aparato represivo de Managua se extiende mucho más allá de sus fronteras para intimidar, vigilar e incluso ejercer violencia contra la oposición política, defensores de la libertad, activistas de derechos humanos y periodistas en el exilio. Esta represión transnacional está financiada por la corrupción y viola la soberanía de los países donde Nicaragua persigue a personas por motivos políticos». se lee en el documento.

Esta persecución ha provocado el éxodo de más de 800.000 nicaragüenses que han huido de la represión hacia países como Costa Rica, España y Estados Unidos.

Asimismo, los Ortega-Murillo han recurrido al despojo arbitrario de propiedades, pasaportes y de la nacionalidad a cientos de disidentes en el extranjero, dejándolos en una situación de apátridas.

Redes de influencia autoritaria

El Centro Bush también enfatiza que, de forma paralela a su aislamiento diplomático de las democracias occidentales, el orteguismo ha fortalecido vínculos estratégicos y financieros con regímenes «autoritarios de Pekín, Moscú y Teherán».

Además, el informe advierte sobre el ejercicio de «represión transnacional», mediante la cual advierte que el régimen financia redes para perseguir, vigilar y acosar a opositores y periodistas exiliados en el extranjero, incluyendo Centroamérica, Europa y Estados Unidos.

La respuesta internacional

Frente a este escenario, Estados Unidos ha incrementado la presión individual mediante sanciones financieras del Departamento del Tesoro a más de 80 entidades y funcionarios, además de la revocación de visados a más de 2.350 operadores del régimen.

Sin embargo, el informe concluye que las medidas actuales, como las iniciativas legislativas para renovar y ampliar la Ley NICA (Ley de Condicionamiento de Inversiones en Nicaragua), solo tendrán un impacto real si van acompañadas de una voluntad política coordinada y de una atención diplomática sostenida a nivel global que obligue al régimen a rendir cuentas por los abusos cometidos contra el pueblo nicaragüense.