La dictadura «renuncia» a la presidenta de la Contraloría y pone a otra ficha que viene de controlar a las alcaldías

María José Mejía García, sandinista histórica y presidenta del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), fue forzada a renunciar por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su lugar, la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— eligió a María Eliet Esquivel Tinoco, una funcionaria del círculo municipalista del régimen, con trayectoria en el INIFOM y la Procuraduría General de la República.

Formalmente, la funcionaria presentó su «renuncia» ante el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, en una carta con fecha del 12 de junio de 2025. Mejía expresó que se apartaba de su cargo «inmediatamente» y agradeció la oportunidad de «haber servido a mi país profesional y probamente». Sin embargo, sabiendo de la naturaleza autoritaria y abusiva de la dictadura sandinista, una renuncia de este tipo no se interpreta como un acto voluntario, sino como una decisión impuesta «desde arriba», como un ajuste por desencuentros con Rosario Murillo o con el propio Daniel Ortega.

Mejía García no era una funcionaria cualquiera. Fue presidenta de la Contraloría desde mayo de 2019, tras haber sido vicepresidenta de la institución entre 2014 y 2019. Además, en octubre de 2023 fue nuevamente electa por la Asamblea Nacional como miembro propietaria del Consejo Superior, juramentada junto a otros cuatro contralores titulares. Hasta hace pocos días firmaba documentos oficiales como presidenta del Consejo Superior de la CGR.

Su hoja de vida revela una fidelidad prolongada al sandinismo y a las estructuras estatales. Es doctora en educación, abogada y máster en derecho empresarial. Fue docente de la UNAN-Managua, directora del Sistema de Contrataciones del Sector Público de la Contraloría, entre 2007 y 2013, jefa de Trámite Judicial de la entidad fiscalizadora; asesora legal del Ejército de Nicaragua entre 1989 y 1994, y en 1987, procuradora especial de los Tribunales Populares Antisomocistas.

El repuesto en el mismo acto

Este mismo martes, 17 de junio, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, presentó ante el plenario la candidatura de María Eliette Esquivel Tinoco como su reemplazo, señalando que lo hacía «con orientación de la Presidencia de la República». La propuesta fue aprobada con mayoría de votos oficialistas, sin mayor discusión ni proceso de evaluación pública, como debería de realizar una Comisión Especial para analizar las cualidades e idoneidad de la funcionaria que tendrá a su cargo el cuido del gasto público.

Antes de ser llamada para este cargo en la CGR, Esquivel Tinoco fue nombrada codirectora del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) en septiembre de 2023 mediante un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta. También se desempeñó como funcionaria en la Procuraduría General de la República, en el área de asuntos municipales, lo que refuerza su vínculo con el aparato territorial del régimen.

Su formación académica incluye una licenciatura en Administración de Empresas con mención en banca y finanzas por la extinta Universidad Centroamericana (UCA), una maestría en diseño y gestión de proyectos sociales, y posgrados en administración pública, planificación estratégica y evaluación de proyectos.

Durante la sesión parlamentaria, Porras defendió su nombramiento con una breve intervención en la que afirmó: «Compañeros, ustedes la conocen, ha estado trabajando siempre en el área del municipalismo y va a ser de mucho apoyo en el órgano de control para ver todas esas áreas que tienen que ver con las municipalidades».

La designación de Esquivel Tinoco de una forma tan expedita y por órdenes directas de Ortega y Murillo, deja al desnudo el manoseo que hacen los dictadores sandinistas en todas las instituciones que antes funcionaban como entes autónomos y respetables y que se encargaban de cuidar el uso del presupuesto nacional. Después de la reforma constitucional que el sandinismo puso en vigencia desde el 18 de febrero de 2025, Ortega sometió bajo el control de «La Presidencia» a todos los «órganos» del Estado, incluyendo a la Contraloría.

Este movimiento de fichas además deja claro que para Ortega y Murillo, ni la fidelidad de los funcionarios, ni su trayectoria en las filas sandinistas, les garantizan estabilidad en los puestos. Si los tiranos lo deciden, cualquiera pasa a retiro de manera repentina. Luego dependerá de la misma voluntad de los cabecillas de la dictadura si los reciclan y los mandan a otras entidades de menor peso, como le pasó recientemente a la rectora de la UNAN-Managua y presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez, quien fue desmantelada de esas instancias y luego fue enviada a un centro inventado que ni siquiera tiene presupuesto ni estructura administrativa conocida.