El gobierno de Colombia otorgó asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, quien se encontraba refugiado desde el 7 de febrero de 2024 en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, bajo la protección de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La decisión fue anunciada este 10 de mayo de 2025 a través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, que detalla que el asilo fue concedido directamente por el presidente Gustavo Petro y debidamente notificado al gobierno panameño.
Según el documento divulgado por la Cancillería de Colombia, la medida «se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas». Aunque no se aclara si Martinelli será trasladado físicamente a Colombia o si se instalará en la embajada colombiana en Panamá, la decisión marca un giro diplomático significativo y pone fin a la relación de respaldo que hasta ahora había mantenido la dictadura sandinista con el exmandatario panameño.
Martinelli buscó refugio en la sede diplomática de Nicaragua un día antes de que se ordenara su detención para cumplir una condena de 10 años y 6 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso «New Business», relacionado con la compra fraudulenta del grupo editorial EPASA mediante fondos públicos desviados. De inmediato, el régimen de Ortega le otorgó asilo y solicitó a Panamá un salvoconducto para facilitar su traslado a Managua.
El gobierno panameño accedió y el 27 de marzo de 2025 emitió el primer salvoconducto con vigencia hasta la medianoche del 31 de marzo, con el argumento de que se trataba de una medida de carácter humanitario. Sin embargo, Nicaragua no concretó el traslado dentro del plazo y posteriormente alegó que no lo haría, acusando a Panamá de haber preparado una «trampa» para capturar a Martinelli durante el trayecto. Según el discurso del régimen, no estaban dispuestos a correr ese riesgo.
Ante la falta de acción por parte de Managua, Panamá renovó el salvoconducto por otras 72 horas, extendiéndolo hasta la medianoche del 3 de abril de 2025. Durante ese período, el gobierno panameño reiteró las garantías de seguridad y la legalidad del procedimiento, pero la dictadura sandinista se mantuvo en silencio o evasiva. El segundo salvoconducto expiró sin que Martinelli saliera de la embajada, lo que terminó paralizando el proceso y agravando las tensiones diplomáticas entre ambos países.
Desde entonces, el expresidente permaneció en el limbo diplomático, alojado en la sede nicaragüense sin avances visibles. El ofrecimiento inicial de asilo por parte de la dictadura se convirtió en una promesa incumplida, pese a la retórica de respaldo. La decisión de Colombia no solo rompe con ese patrón, sino que también abre la posibilidad de una nueva vía para el exmandatario, aunque aún no se ha confirmado si habrá un nuevo salvoconducto ni si Colombia gestionará un traslado directo.
Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, ha sido una figura marcada por el escándalo y los procesos judiciales. Además de su condena por el caso «New Business», enfrenta múltiples causas abiertas por corrupción, enriquecimiento ilícito, escuchas ilegales, sobornos vinculados a la constructora Odebrecht, y contratos irregulares durante su administración. En reiteradas ocasiones ha acusado a sus adversarios de perseguirlo políticamente, y ha intentado blindarse mediante figuras diplomáticas como el asilo para evadir sus responsabilidades ante la justicia.
El asilo concedido por Colombia genera nuevas interrogantes: ¿permitirá Panamá un nuevo salvoconducto? ¿será trasladado Martinelli a territorio colombiano o permanecerá bajo protección en la embajada de Colombia en Ciudad de Panamá? Por ahora, lo que está claro es que la dictadura nicaragüense se retiró del caso, y Bogotá decidió asumir el costo político de respaldar a una figura condenada por corrupción, con la justificación de su presunta condición de perseguido.
La decisión de Colombia podría tensar aún más el ya complejo panorama diplomático en la región. Mientras el gobierno panameño insiste en que Martinelli debe cumplir su condena, y Nicaragua quedó expuesta por su falta de coherencia, ahora será Bogotá quien deberá explicar su política de asilo frente a un caso tan controvertido como el del expresidente más polémico de los últimos tiempos en Panamá.
