La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo graduó este miércoles, 8 de mayo, a 750 policías y miembros del Ministerio del Interior en 28 especialidades técnicas y tecnológicas, como parte de un programa de formación impulsado en coordinación con el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). Aunque el anuncio oficial fue presentado como un esfuerzo por «elevar el nivel profesional» de la Policía Nacional, todo hace indicar que este tipo de capacitaciones podrían estar orientadas a reforzar el aparato de persecución y vigilancia digital del régimen.
Según la información divulgada por medios oficialistas, los cursos incluyeron temas como seguridad informática, administración, gestión operativa, redacción técnica y uso de herramientas tecnológicas, combinando clases virtuales y presenciales.
El subdirector del INATEC, Walter Sáenz, defendió el programa como una herramienta para «fortalecer las misiones de nuestros hermanos y hermanas en beneficio de la población». Sin embargo, en un país donde la dictadura ha institucionalizado el «crimen» de «ciberdelitos» para castigar a opositores, periodistas y activistas, el acceso a conocimientos en seguridad informática y plataformas tecnológicas por parte de cuerpos represivos despierta serias sospechas.
El Comisionado General Aldo Sáenz, subdirector de la Policía, agradeció al «Buen Gobierno» por permitir que la institución eleve sus habilidades para «seguir garantizando la paz y la estabilidad». En el lenguaje oficial, sin embargo, esas palabras suelen encubrir la represión sistemática contra opositores, activistas y periodistas, muchos de los cuales han sido criminalizados precisamente por publicaciones en redes sociales.
Desde la entrada en vigencia de la Ley Especial de Ciberdelitos, en octubre de 2020, el régimen ha utilizado el discurso de la seguridad digital y el de «garantizar la paz» para justificar arrestos y juicios contra ciudadanos cuyo único «crimen» ha sido expresar opiniones en redes sociales o compartir publicaciones críticas. Numerosos prisioneros políticos fueron procesados bajo cargos de propagación de noticias falsas o incitación al odio en línea, sin que existieran pruebas objetivas más allá de un tuit o un retuit.
El hecho de que esta nueva formación incluya módulos de «seguridad informática» y «uso de herramientas tecnológicas» genera inquietud sobre el verdadero propósito de estos entrenamientos. Durante la graduación, según recogen las publicaciones de la maquinaria propagandística del régimen, a oficial Blanca Mena, de la Dirección de Auxilio Judicial, una de las instancias más señaladas por ejecutar detenciones arbitrarias, afirmó que con estos cursos se podrán aplicar «nuevas técnicas» para brindar un trabajo «con más calidad». Pero en un contexto de represión, esa «calidad» puede traducirse en mayor sofisticación para vigilar, rastrear y castigar a la ciudadanía que critica a los Ortega-Murillo.
Hasta el momento no se ha revelado quiénes son los instructores ni el origen de los contenidos impartidos. La opacidad con la que se maneja esta formación también ha despertado alertas sobre posibles vínculos con asesorías tecnológicas provenientes de países como Rusia o China, cuyos gobiernos mantienen estrechas relaciones con el régimen nicaragüense y son conocidos por exportar modelos autoritarios de vigilancia digital.
Para 2025, se proyecta que al menos 3,000 efectivos policiales sean formados en estas especialidades. Más que una simple política de profesionalización, este programa podría estar sentando las bases para una fase más avanzada de represión digital en Nicaragua, bajo el disfraz de modernización educativa.
La dictadura ha venido preparando el camino para la cibervigilancia
Desde 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha venido consolidando un andamiaje legal y operativo para institucionalizar la persecución digital como un pilar central de su aparato represivo. Esta estrategia se ha materializado en leyes como la Ley Especial de Ciberdelitos, que criminaliza expresiones políticas en redes sociales bajo figuras como «propagación de noticias falsas» o «incitación al odio», y ha sido usada para encarcelar a periodistas, activistas y ciudadanos comunes por simples publicaciones, opiniones o compartidos en plataformas digitales. A través de esta legislación, el régimen transformó la opinión disidente en un delito informático.
Otro de los instrumentos clave es la nueva Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que obliga a las empresas proveedoras de servicios de Internet y telefonía a entregar al Estado —a través de TELCOR o directamente a la Policía Nacional— las bases de datos completas, incluyendo la georreferenciación, historial de navegación y comunicaciones de los usuarios. Esta ley legaliza el espionaje masivo al establecer que el régimen puede acceder a la información digital sin orden judicial previa, lo que convierte a cada usuario de internet en un potencial objetivo de vigilancia, persecución y criminalización.
