La nueva Ley de Telecomunicaciones Convergentes, aprobado por los diputados al servicio de la dictadura Ortega-Murillo, es una ley represiva más, pero muy peligrosa, porque incluso invade la privacidad de las comunicaciones de las personas, algo prohibido por la Constitución y pone en poder del régimen toda la información personal y hasta la geolocalización de los ciudadanos, lo que podría redundar en más capturas y percepción.
El experto en comunicación de la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), Guillermo Medrano, expuso, durante una entrevista en el programa En Contacto, de Artículo 66, que la recién aprobada Ley 1213 es parte de la cadena de leyes represivas que ha diseñado la dictadura para someter al pueblo de Nicaragua, pues claramente es «una ley peligrosa y amenazante»
Medrano, quien también es especialista en temas de libertad de expresión, sostiene que, la nueva normativa que regula las telecomunicaciones, compuesta por 158 artículos es preocupante porque tiene varias aristas que violentan el derecho a la protección de datos personales de los nicaragüenses y prácticamente anula la Ley 787, de protección de datos personales.
El experto recuerda que la nueva legislación manda a que los proveedores de servicios de telefonía e internet, cuando Telcor lo solicite, tienen que entregar «información sensible», es decir los datos personales de los usuarios y hasta la localización georreferenciada.
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«Cualquier usuario que sea de interés para el gobierno, o sea un objetivo a analizar, vigilarlo, controlarlo, le pueden pedir toda la información a los prestadores de servicio y quedas expuesta directamente hasta tu ubicación geográfica, en qué lugar, en qué departamento del país tuviste las últimas conexiones y cuáles fueron tus comunicaciones, tus números de llegada, inclusive dice la misma normativa de tu correo de voz audio y textos. Es súper preocupante porque directamente llega al corazón de la intimidad de la persona», alerta Medrano.
Artículo 10: Obligación de suministrar información
Los Operadores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Proveedores de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales, están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada generada de su participación en el mercado, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de TELCOR, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones regulatorias. Para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable.
Otro aspecto que analiza el experto es que, la normativa además de ser represiva tiene carácter recaudatorio al igual que otras normas del país que han aprobado los diputados sandinistas.
«La mayoría de las legislaciones que está haciendo el gobierno de Nicaragua en la Asamblea oficialista, todas tienen un alto nivel recaudatorio, entonces si nosotros vemos esta nueva legislación, tiene un alto nivel recaudatorio. En la mayoría de los artículos se mencionan cánones, se mencionan tributos», señala Medrano.
Medrano crítica que, con la nueva legislación de telecomunicaciones, Telcor, que es un ente regulador, se convierte en «ente fiscalizador de los ciudadanos y de las empresas prestadoras de bienes y servicios».
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En cuanto al carácter intimidatorio y amenazante de la Ley, Medrano mencionó que en el texto se establece que Telcor puede valerse de «la fuerza pública para realizar inspecciones a las empresas prestadoras de servicios, ya sean técnicas o administrativas.
La normativa promulgada por la dictadura es tan peligrosa para la libertad de prensa e información, según el especialista, que el régimen puede valerse de ella para bloquear en internet plataformas informativas y medios de comunicación.
Para el politólogo y dirigente opositor Félix Maradiaga, la nueva Ley de Telecomunicaciones «no es más que una herramienta adicional en una larga serie de medidas represivas impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para consolidar su control sobre la sociedad nicaragüense.
El analista señala que, a pesar de que esta ley se presenta como un avance tecnológico, «el verdadero propósito detrás de su implementación es intensificar el espionaje y la desinformación dirigida desde el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor)».
