El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un nuevo paso en su estrategia de endeudamiento externo al autorizar un préstamo por 13 millones de dólares con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, según consta en el Acuerdo Presidencial 60-2025, publicado este lunes, 6 de mayo de 2025, en la edición 79 de La Gaceta Diario Oficial.
La operación, equivalente a 4 millones de dinares kuwaitíes, fue autorizada por los dictadores Ortega y Murillo para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público actúen en nombre del Estado de Nicaragua para firmar el acuerdo con el fondo árabe. De acuerdo con el texto oficial, los fondos serán utilizados para financiar la construcción del puente Prinzapolka, ubicado sobre la carretera nacional que conecta Río Blanco con Siuna, en el Caribe Norte del país.
Aumenta la deuda externa sin transparencia
Esta nueva jarana se produce en un momento en que la deuda externa de Nicaragua alcanza niveles históricos, sin que existan mecanismos públicos eficaces de control, auditoría o rendición de cuentas sobre el destino de los recursos.
De acuerdo con los últimos datos del Banco Central de Nicaragua, al cierre de 2024 la deuda externa total del país ascendía a 15,556 millones de dólares, lo que representa el 84.2 % del Producto Interno Bruto (PIB). De ese total, 8,657 millones corresponden al sector público y 6,898 millones al sector privado.
Más del 76% de esta deuda se concentra en acreedores oficiales: un 44.4% proviene de organismos multilaterales, como el BCIE o el FMI, mientras que un 31.8% corresponde a acreedores bilaterales, muchos de ellos países sin exigencias en materia de derechos humanos ni transparencia institucional, como China, por ejemplo, que en los últimos años se ha convertido en un sostén económico de la dictadura, bajo deuda, por supuesto. El restante 23.8% se divide entre proveedores, entidades comerciales y la banca privada.
El caso del Fondo Kuwaití refleja el patrón con el que el régimen de Ortega ha venido gestionando la deuda externa desde 2018: buscar financiamiento preferencial con aliados políticos o gobiernos que no condicionan los préstamos al cumplimiento de estándares democráticos, ni requieren auditorías sobre la ejecución de los fondos.
Sobre el financiamiento de parte de empresas chinas, en 2024 Ortega logró la aprobación de unos 919 millones de dólares en proyectos de energía, infraestructura vial, hospitales y zonas francas, bajo contratos opacos y sin licitaciones abiertas.
El pretexto: desarrollo sin evidencias de avances
Pese a que la Presidencia justifica cada nuevo préstamo como parte de su política de desarrollo e inversión en infraestructura, no existe información pública verificable sobre los avances, costos reales o supervisión técnica de los proyectos que se financian con deuda externa.
Mientras tanto, las futuras generaciones de nicaragüenses seguirán cargando con el peso de una deuda que crece aceleradamente, sin transparencia, ni garantías de beneficio colectivo.
