La organización indígena Prilaka denunció este sábado que el joven Alfred Ávila Velázquez, asesinado el 25 de abril en un ataque armado en la desembocadura del río Waspuk, no solo era un soldado del Ejército de Nicaragua, sino también un miembro del pueblo indígena Miskitu, extremo que no fue informado en la nota oficial emitida por la institución castrense.
En un comunicado público, Prilaka lamentó la muerte del joven, originario de una comunidad de la Muskitia, y aseguró que el Ejército, pese a confirmar que el ataque provino de bandas criminales dedicadas al cultivo de marihuana y al despojo de tierras indígenas, omitió señalar de manera explícita que los responsables son colonos armados que han invadido los territorios ancestrales.
«Hoy, su familia y su comunidad están de luto y como Pueblo Miskitu también estamos de luto», indicó Prilaka, subrayando que este hecho se suma a años de violencia sistemática contra las comunidades indígenas del Caribe Norte de Nicaragua.
Cuestionamientos directos al Ejército
Prilaka también lanzó una serie de cuestionamientos al Ejército de Nicaragua, solicitando claridad sobre las circunstancias del ataque que cobró la vida del joven indígena. Entre las preguntas que formulan están: ¿Hacia dónde se dirigía el Ejército en el momento del ataque? ¿Qué está ocurriendo en el territorio que las comunidades desconocen, pero que representa un riesgo para sus pobladores y guardabosques comunitarios debido a la presencia de colonos armados? ¿Se hará justicia en este caso, considerando que la víctima pertenecía a las propias filas del Ejército?
«Es evidente la imposibilidad de realizar labores de patrullaje y vigilancia, y el riesgo para la vida de los guardabosques comunitarios debido a la presencia de colonos armados», advirtió la organización.
Una violencia de larga data en la Muskitia
La organización indígena recordó que, en octubre de 2015, colonos armados atacaron la comunidad de Polo Paiwas, incendiaron un área de 12,500 hectáreas, asesinaron a un comunitario y desplazaron violentamente al 100% de las familias indígenas que vivían allí; estos crímenes permanecen en la impunidad. En 2016, los colonos se tomaron con violencia la Mina Murubila, una fuente importante de ingresos para las comunidades de Li Aubra y Li Lamni, donde los indígenas realizaban labores de minería artesanal. En agosto de 2021, se registró otro ataque en el cerro de Kiwakumbaih, donde varios indígenas fueron asesinados, entre ellos hijos de familias de las comunidades de la ribera del río Waspuk. En los últimos meses, las comunidades han sufrido constantes disparos al aire como forma de hostigamiento para forzar el desalojo de áreas de trabajo, mientras las parcelas agrícolas han sido ocupadas ilegalmente por colonos armados.
Según Prilaka, el problema de fondo es la falta de ejecución del saneamiento territorial, es decir, la expulsión legal de los colonos invasores, una obligación que el Estado de Nicaragua no ha cumplido.
«Mientras no se cumpla con la obligación del saneamiento territorial con justicia, la invasión, los asesinatos y el miedo seguirán marcando la vida de los pueblos originarios», enfatizó la organización.
Omisión oficial y preocupaciones comunitarias
En su comunicado titulado «Nota de prensa No 077/2025 Incautación de droga al narcotráfico», el Ejército reconoció que el ataque ocurrió durante una operación antidrogas en la zona del río Waspuk, y confirmó que los agresores eran grupos criminales armados dedicados al cultivo y tráfico de marihuana. Sin embargo, omitió identificar a los atacantes como colonos, ni mencionó el origen indígena del soldado fallecido.
Para las comunidades, esta omisión es preocupante. «Se silencia así una verdad que las comunidades llevan años denunciando: los colonos están dispuestos a todo, incluso a enfrentarse al Ejército, con tal de mantener el control ilegal sobre territorios que no les pertenecen», señaló Prilaka.
La organización también advirtió que tras la retirada del Ejército de la zona, las comunidades temen nuevas represalias violentas de los colonos armados.
Exigen justicia y protección
Con «dolor, rabia y dignidad», Prilaka demandó justicia para el joven Miskitu asesinado, el desarme y la judicialización de los colonos armados, la protección real y efectiva a las comunidades indígenas, y el saneamiento territorial inmediato.
«La violencia en nuestros territorios no debe seguir derramando la sangre de indígenas, jóvenes y adultos, mujeres y ancianos», finalizó Prilaka. También denunciaron que la continuidad de las invasiones y la impunidad de los delitos agrava la pobreza y provoca desplazamientos forzados de familias indígenas, quienes se ven obligadas a abandonar su tierra ancestral para buscar refugio en otras regiones o en el extranjero.
