La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó este martes, 23 de abril de 2025, una reforma exprés a la Ley de Seguridad Social, contenida en el Decreto 974, modificando los artículos 95 y 96, que regulan el subsidio por maternidad. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo ayer, martes, 22 de abril, y fue ratificada sin debate, en cuestión de horas, por la maquinaria legislativa del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional.
El cambio principal consiste en ampliar de ocho a nueve semanas el período de descanso postnatal remunerado para las mujeres trabajadoras aseguradas. Se mantienen las cuatro semanas previas al parto y el porcentaje del subsidio, que continúa siendo del 60 % del salario semanal promedio. También se reafirma que si el parto ocurre antes o después de la fecha prevista, el período de descanso debe ajustarse para completar las semanas correspondientes.
Aunque esta modificación es presentada como una mejora en los derechos de las mujeres, la reforma responde, en realidad, al objetivo político de legitimar la reforma constitucional impuesta en febrero de 2025, la misma que dio paso a la copresidencia de Rosario Murillo y que ha sido ampliamente rechazada por su carácter antidemocrático y porque da paso a la instalación de una dinastía familiar.
En la exposición de motivos enviada al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, el régimen admite que la reforma tiene como finalidad hacer coincidir la legislación ordinaria con los cambios constitucionales. En el documento se afirma que los artículos 95 y 96 del Decreto 974 «deben ajustarse a lo establecido en la reciente reforma parcial de nuestra Constitución Política».
La reforma constitucional fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, el 18 de febrero de 2025, en su edición número 32. Entre los nuevos contenidos incorporados está el artículo 67, que establece que «la mujer gozará de licencia de no menos de noventa días pre y postnatal, con remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social». El mismo artículo prohíbe despedir a mujeres embarazadas y establece cinco días de licencia para los hombres al momento del parto de su pareja.
La aprobación de esta reforma exprés se realizó sin ningún tipo de consulta pública ni diálogo con organizaciones de mujeres, sindicatos o expertos en políticas laborales. Tampoco existe evidencia de un estudio técnico que respalde la sostenibilidad del cambio desde el punto de vista financiero para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y tampoco ha sido publicada la cifra de mujeres aseguradas que han hecho uso del subsidio por pre y post parto, como para darse una idea del universo total de trabajadoras que serían beneficiadas.
El tema del seguro social es particularmente sensible en Nicaragua. Fue una reforma al sistema del INSS, impuesta en abril de 2018, la que desató la insurrección cívica más significativa de las últimas décadas. Aquella decisión gubernamental recortaba pensiones, aumentaba las contribuciones y desencadenó una ola de protestas que fueron brutalmente reprimidas por policías y paramilitares. Desde entonces, el sistema de seguridad social ha sido percibido como una herramienta de control y financiamiento opaco del régimen, incluyendo el uso de fondos en clínicas como SERMSA, propiedad del Estado.
Con esta nueva reforma, el régimen busca mostrar un rostro social más humano, mientras continúa consolidando un andamiaje autoritario que elimina los contrapesos institucionales. Al presentar la ampliación del período postnatal como una respuesta a la nueva Constitución, Ortega y Murillo utilizan un tema sensible y legítimo —el derecho a la maternidad— para maquillar los verdaderos fines de su reforma: blindar el poder político absoluto y garantizar el mando compartido en manos del círculo familiar.
Aunque la medida beneficia de forma marginal a las mujeres aseguradas, su trasfondo no es social, sino político, y se enmarca en la estrategia del régimen de disfrazar como reformas progresistas decisiones orientadas a perpetuar el poder, cerrar los espacios de participación y vaciar de contenido la institucionalidad democrática del país.
