La magistrada Juana Méndez Pérez presentó su renuncia al cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en un contexto de reacomodo y purga dentro del Poder Judicial, dirigido por la codictadora Rosario Murillo. Su dimisión, formalizada en una carta fechada el 14 de marzo y aceptada hasta el 18 de marzo por la Asamblea Nacional, ocurre en medio de un proceso de toma total del control judicial por parte de la estructura de poder que responde directamente a Murillo.
En la misiva dirigida al presidente del Parlamento, Gustavo Porras, Méndez deja en evidencia la sumisión del Poder Judicial a la dictadura sandinista, al afirmar que su renuncia ya había sido notificada previamente a los «copresidentes» Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes en la práctica son los únicos que toman decisiones en la Corte Suprema de Justicia. Su salida se suma a la larga lista de reestructuraciones impuestas por Murillo desde octubre de 2023, cuando la Policía Nacional tomó por la fuerza la CSJ, removió a la presidenta Alba Luz Ramos, sacó a magistrados como Yadira Centeno y Armengol Cuadra, y ejecutó el despido masivo de más de mil trabajadores judiciales.
En su carta de renuncia, Méndez intenta presentar su salida como una decisión personal y expresa un mensaje de aparente satisfacción por su gestión dentro del Poder Judicial: «…agradecimiento por la oportunidad de haber desempeñado tan honroso cargo con la mayor dedicación, honradez, probidad, respeto y consideración en la interacción con mis colegas, subordinados, autoridades del Sistema de Justicia y usuarios, satisfecha de haber servido con humildad y eficiencia».
Sin embargo, la trayectoria de Méndez dentro del sistema judicial y las decisiones que tomó en favor del Frente Sandinista y su posterior sumisión al régimen dictatorial que se ha consolidado en la última década, ponen en entredicho esas palabras. Su paso por el Poder Judicial estuvo marcado por fallos que beneficiaron directamente a la cúpula sandinista, incluyendo el sobreseimiento del caso de violación contra Daniel Ortega y la gestión del juicio por corrupción contra Arnoldo Alemán, cuando aún era jueza penal. Su «honradez» y «probidad» no evitaron que fuera utilizada como un instrumento de control judicial por el FSLN y que ahora, en medio de la purga, su lealtad fuera insuficiente para garantizar su permanencia.
La toma del control del Poder Judicial por parte de Murillo y la evidencia de que la influencia de la magistrada Méndez venía en declive incluye la destitución de su hija Niquirana Ferreti Méndez y de su nuera Yelba Orozco, quienes ocupan cargos en la Corte suprema de Justicia. de Justicia.
Ferreti Méndez trabajaba directamente en el despacho de su madre en la CSJ, mientras que Orozco se desempeñaba en el área de Relaciones Públicas de la institución. Ambas fueron removidas aproximadamente un mes antes de la renuncia de Méndez, en lo que se percibe como un golpe directo a la estructura de poder que había mantenido la magistrada dentro del sistema judicial.
Juana Méndez: un historial de sentencias judiciales al servicio del FSLN
La jueza Juana Méndez ha estado ligada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde su paso por la guerrilla, donde fue un sostén de la lucha armada contra la dictadura somocista, pero siempre dentro de la estructura partidaria del FSLN. Méndez no solo era militante activa del sandinismo, sino que su participación fue más allá del activismo político: era esposa del comandante guerrillero Walter Ferretti y operó como un eslabón clave en la infraestructura clandestina del FSLN.
Durante la década de los 80, ya con el FSLN en control del gobierno, Méndez pasó a formar parte de la temida oficina de la Seguridad del Estado, que dirigía Lenín Cerna, otro personaje oscuro del sandinismo que ha sido apartado por Murillo y con quien la ahora exmagistrada Juana Méndez nunca ha perdido sus nexos.
En 2001, cuando el FSLN aún era oposición, sobreseyó la denuncia por violación interpuesta por Zoilamérica Ortega Murillo contra su padrastro, Daniel Ortega, bajo el argumento de prescripción del caso. Esta decisión fortaleció políticamente al entonces líder sandinista, quien enfrentaba un contexto electoral complejo y necesitaba limpiar su imagen.
Posteriormente, en los años en que el FSLN pactó con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán, Méndez manejó uno de los procesos de corrupción contra el expresidente. Aunque Alemán fue condenado, terminó obteniendo privilegios judiciales que le permitieron seguir moviéndose políticamente. A cambio, Méndez recibió el voto del PLC para que ocupara la magistratura judicial.
Desde ese cargo, Méndez continuó operando al servicio del FSLN y luego del régimen dictatorial que se consolidó en la última década. Fue parte de la estructura judicial que facilitó la concentración de poder de Ortega, alineando sus decisiones con los intereses del partido y, posteriormente, con la dictadura.
Sin embargo, su lealtad siempre estuvo más alineada con Ortega y la vieja guardia sandinista, no necesariamente con Rosario Murillo, lo que explica su salida en esta purga impulsada por la codictadora.
La propaganda oficial maquilla su salida
Tras la renuncia de Méndez, la propaganda oficialista ha intentado disfrazar su salida como un ascenso, anunciando que asumirá la presidencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Este cargo ha sido ocupado durante años por el abogado nicaragüense Carlos Guerra, quien ha mantenido un perfil discreto, pero que ahora parece haber sido sacrificado para acomodar a Méndez en un puesto menos relevante fuera del país.
Este movimiento confirma que el desmantelamiento del Poder Judicial en Nicaragua no ha terminado y que Rosario Murillo sigue eliminando a cualquier figura que no garantice una obediencia total a su liderazgo. La renuncia de Juana Méndez no es un hecho aislado, sino parte de una reconfiguración más amplia, en la que el régimen está reemplazando a magistrados y jueces con fichas incondicionales a la estructura de poder de Murillo.
