Dictadura le permite a la Policía y Ejército comprar y gastar millones de dólares sin rendir cuentas

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó a la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo un proyecto de ley que le otorga a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua superpoderes para comprar bienes sin necesidad de licitaciones y además usar sin alguna limitante la «caja chica» de la Presidencia y otras instituciones públicas.

El proyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y que remplazará a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público de Nicaragua ya está en manos del Parlamento de mayoría orteguista. la Ley N° 737, obligaba a la Policía y el Ejército a rendir cuentas a través de las licitaciones públicas sobre procesos de compra y contrataciones, de las que ahora quedarán exentos.

El régimen pretende ocultar el gasto público de las fuerzas armadas que recibe dinero directamente del Presupuesto General de la República en caso de adquisición de armas de alto calibre, compra de aviones y helicópteros y gasto para hechos «eventuales» que estén relacionados al orden interno del país. El artículo 4 de dicho proyecto de ley indica que:

«La adquisición de bienes, medios y equipos destinados exclusivamente para salvaguardar la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la integridad territorial, la paz, la seguridad, la defensa nacional, seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno, serán materia excluida de la aplicación de la ley», dice el proyecto.

Las fuerzas armadas únicamente tendrán que licitar la compra de «comida, víveres, combustible, y otros suministros», lo que deja claro que el régimen busca ocultar sus comprar a países como Rusia y China, a fin de abastecer a los órganos represores sin rendir cuentas sobre el gasto aumentando la falta de transparencia y corrupción dentro del Estado.

Otros beneficiados

El Ministerio de Hacienda y Crédito público es otro que quedó excluido de presentar licitaciones sobre sus compras con fondos de su «caja chica», hasta ahora, al MHCP y otras instituciones solo les era permitido comprar y contratar de «Caja Chica» mediante una medida excepcional de contratación simplificada que era posible solo con la autorización del Ministro.

Las compras de boletos aéreos para instituciones y funcionarios públicos que tengan que salir del país tampoco necesitarán de licitación siempre y cuando sean bajo líneas aéreas autorizadas por el régimen, otro gasto del estado que quedará en la oscuridad y que abona a un estado corrupto.

Noticia relacionada: Policía orteguista encarcela a 11 miembros de la organización «Puerta de la Montaña» por «lavado de dinero» 

Dichas medidas que están próximas a ratificarse, dificultarán la fiscalización del Estado, el que ahora cuenta con libertad de comprar y contratar bajo las sombras del régimen orteguista.

Otro beneficiado del régimen es el proyecto del «Gran Canal Interocánico de Nicaragua» que, aúnque hasta ahora es solo letras, podría recibir beneficios al momento de realizar compras y contrataciones las que estarían ocultas ante la aprobación de dicha ley, además también incluye proyectos paralelos al «canal» que realizarán compras y contratos sin fiscalización alguna.

Régimen aumenta el costo de licitaciones

Para dar el golpe final, Ortega y Murillo aumentaron el monto obligado de las licitaciones por lo que únicamente serán visibles a través del  sistema público de contrataciones (SISCAE), aquellos que superen los 10 millones de córdobas, cuando antes estaban desde los tres millones. Para la licitación selectiva estaba fijado que el monto sea superior a los 2 millones, antes era desde los 500 mil córdobas.

El caso de la contratación simplificada queda libre su monto y a discreción del máximo responsable de la entidad, siempre y cuando sea firmada y quede constancia por escrita, por lo que se considera, en este caso específico, es un «cheque en blanco» para el ministro o alcalde del régimen.

Al quedar exentos de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República Nicaragua abona más a su imagen internacional de corrupción que hasta enero del 2025 se encontraba entre los 10 países más corruptos del mundo, no solo por su falta de transparencia y fiscalización sino también por la falta del Estado de Derecho y una democracia que ya solo es recuerdo.