El orteguista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, en entrevista con medios oficialistas, indicó que lo primero que votarán, una vez inicien el trabajo legislativo, será la reforma a la Constitución Política de Nicaragua, que falta sea aprobada en segunda legislatura.
El próximo 9 de enero iniciará el período legislativo en el Parlamento, controlado por el sandinismo y, según Porras, la votación se realizaría tres días después, el 13 de enero, ya que tienen planificado que eso sea «lo primero» y «la fuente de todo el proceso legislativo de transformación» de este 2025.
«Esta reforma constitucional es tan importante porque fue muy clara la orientación del comandante Daniel y la compañera Rosario, nosotros tenemos que ir actualizando todo el marco jurídico, todas las leyes en correspondencia al modelo que vamos formando», apuntó Porras.
Añadió que posterior a la reforma viene el proceso de «adaptar todas las demás leyes en correspondencia al mandato constitucional».
Algunos de los cambios que el funcionario orteguista mencionó que desde ya se cocinan en el Poder Legislativo, pese a que la reforma a la Constitución no ha terminado de concretarse, son reformas a las leyes de los órganos del Estado y a la actual Ley Electoral, Ley 331, en la que aseguró ya tienen previstos cambios relacionados a los nuevos cargos de copresidentes y el plazo del período presidencial, que pasa de cinco a seis años.
La reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua fue aprobada en primera legislatura en noviembre del año pasado. La votación fue unánime en la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo.
Los cambios incluyen reformas a 130 artículos y la derogación de otros 38, en los que entre otras cosas autorizan a la vicedictadora Rosario Murillo que se convierta en «co-presidenta» de Nicaragua, además, en jefa suprema del Ejército.
También se elimina la prohibición de la censura, se autoriza la intervención de las fuerzas armadas en la represión de manifestaciones populares, se eleva a rango constitucional y reconoce la existencia de las fuerzas paramilitares con el nombre de «Policía Voluntaria», misma que fue utilizada para atacar a los nicaragüenses durante las protestas sociales que iniciaron en abril de 2018.
