«En ese día desgraciaron mi vida, por que hoy sufro de un trauma en mis genitales, me desbarataron la próstata, tengo que estarme poniendo una sonda cada ocho días para hacerme un lavado prostático. Tengo muerta la nalga izquierda en el músculo me metieron una varilla, la uretra lacerada y el ojo izquierdo afectado», describe un exprisionero político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que fue víctima de torturas y abusos sexuales en la prisión.
«Solo Dios me ha ayudado, desde ese día hasta este momento no he podido tener mis horas de dormir tranquila, siempre me levanto asustada creyendo que todavía estoy encerrada en ese lugar, que estoy oyendo gritos, que me están dando una orden o me están diciendo cosas», entre lágrimas dice una mujer que también estuvo encarcelada en un penal de la dictadura.
Estos dos testimonios son parte de un extenso informe del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que recoge testimonios crudos de los actos de torturas ejercidos por el régimen sandinista contra presos políticos, y las secuelas que dejaron esos vejámenes en las víctimas.
Según la organización, basada en San José, Costa Rica, al menos 229 personas fueron víctimas de torturas tras ser detenidos en Nicaragua desde las protestas contra la dictadura de Ortega y Murillo, tras la rebelión ciudadana de 2018.
En el informe que es acompañado de desgarradores testimonios como estos, destacan la forma violenta y abusiva que usa el régimen para someter a personas adultas mayores, religiosos y menores de edad, «lo que evidencia la creciente gravedad, extensión de estos abusos y el sometimiento a una situación de especial vulnerabilidad contra las personas presas políticas» en Nicaragua.
«Desde 2019 hasta la fecha, el Colectivo ha recopilado 229 testimonios de víctimas de torturas y malos tratos. De estos, 46 son mujeres y 183 hombres, lo que representa un aumento de 71 casos desde el informe anterior», indicó el organismo que también advierte que la cifra podría ser superior.
«Las formas de torturas iban, según los testimonios, desde quemaduras con cigarrillo, choques eléctricos, golpizas y abusos sexuales, simulación de ejecución o desprendimiento de uñas o piezas dentales», dice el Colectivo, que recoge más de 40 formas de torturas, de estas víctimas.
«Con el inicio de las protestas en 2018 se inició la práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas con la intencionalidad de transmitir un mensaje de terror y de control a la población», dice el informe.
En su noveno informe, el Colectivo resalta la «sistematicidad» en los «ataques» a disidentes y opositores con actos considerados crímenes de lesa humanidad. Recoge además, siete violaciones, 113 casos de violencia sexual como tocamientos indebidos y tomas de fotografías a las víctimas desnudas con amenazas de publicación, así como 131 casos de desnudez forzada.
El informe también recuenta a víctimas que no lograron sobrevivir a las torturas, como es el caso del opositor Eddy Montes, quien murió el 16 de mayo del 2019. Hugo Torres quien fue privado de atención médica y falleció encarcelado el 12 de febrero de 2022.
Los reos, al ser liberados, ven los efectos físicos y psicológicos de las torturas. «Salen con efermedades significativas como diábetes, hipertensión, estrés postraumáticos, les cuesta reintegrarse a la vida social y laborar, daños físicos permanentes que les impide hacer su vida», dice el psicólogo del organismo.
«No sigo siendo el mismo y me ha costado vivir pensando en eso, yo vivo el día a día con odio, odio mucho y mi mente piensa solo en vengaza», dice un expreso víctima de violación por parte de los operadores del régimen.
Según el organismo, los traumas sexuales son más desafíantes, Ruth Quirós, especialista del Colectivo, afirma que las personas quedan cargadas de mucha tristeza y vergüenza ante estos abusos sexuales que sufren a veces de manera grupal y con el uso de violencia física, lo que deja secuelas permanentes.
Asimismo, el informe documentó con nombres y apellidos, cargos y hechos detallados a 179 perpetradores intelectuales y materiales de las torturas, principalmente policías, encabezados por su jefe, Francisco Díaz, así como a alcaldes sandinistas y «parapoliciales y paramilitares» que el régimen nombra «policías voluntarios».
