Los líderes campesinos Francisca Ramírez, Freddy Navas y Víctor Díaz afirman que la lucha del Movimiento Campesino inicia una nueva etapa en la defensa de las comunidades rurales y denuncia de violaciones de los derechos de los ciudadanos que se verían afectados por la nueva ruta del canal interoceánico presentada por el régimen de Ortega en días pasados.
Durante el foro virtual «Sembrando resistencia: El futuro de la lucha campesina por la democracia en Nicaragua», realizado por el centro de pensamiento Expediente Abierto, los campesinos manifestaron que a pesar de encontrarse en el exilio, el movimiento que nació en protesta por el canal interoceánico en 2014 ha evolucionado y se ha convertido en una organización de defensa de los derechos humanos y democráticos de los nicaragüenses.
Los tres dirigentes campesinos se comprometieron a apoyar «en todo lo posible» a los afectados por la nueva ruta, calificando el proyecto como «inviable» y «condenado al fracaso».
Según el anuncio que hizo Ortega durante la XVII Cumbre Empresarial China – América Latina, que se realizó en Managua el pasado 19 de noviembre, la nueva ruta del canal interoceánico comprenderá 445 kilómetros de largo y arrancará en el puerto de Bluefields, pasará por Boaco, Chontales; atravesará el lago de Managua y luego se enrumbará hacia la Paz Centro, rompiendo tierras de los departamentos de León y Chinandega, hasta conectar con el mar Pacífico en el puerto de Corinto.
«A pesar de estar exiliados, eso no quiere decir que no estamos mano a mano con los campesinos afectados», dijo el dirigente campesino de Río San Juan, Víctor Diaz, quien ofreció trabajar con los campesinos en las zonas afectadas por la nueva ruta canalera «para que sus demandas puedan ser exitosas».
Para Francisca Ramírez, la líder campesina que se encuentra exiliada en Costa Rica, un nuevo canal interoceánico que partiría a Nicaragua por la mitad, no será una realidad.
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«Realmente se ve que es una fantasía, una distracción… ha sido un fracaso lo del canal interoceánico», dijo Ramírez.
Según la dirigente social, el régimen aprovecha la excusa del canal interoceánico para expropiar tierras, además afirma que ningún empresario estaría interesado en este proyecto poco factible y en un país donde las garantías a la empresa privada no existen.
«Ningún empresario digno puede invertir en un país donde no se respetan los Derechos Humanos y libertad de expresión, ellos (el gobierno sandinista) sí son capaces de confiscar, expropiar y quitar, por que de eso han vivido, es una pareja que no tiene ningún anhelo para el bienestar de la población sino para dañar», dijo la dirigente campesina que se fogueó en Nicaragua durante las movilizaciones anticanal entre el 2013 y 2018.
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Los tres líderes rurales coincidieron en que Ortega y Murillo utilizaron el anuncio del nuevo canal interoceánico como una cortina de humo para desviar la atención de los nicaragüenses y la comunidad internacional ante la condena del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
El alto tribunal interamericano responsabilizó a Ortega de violar los derechos de las comunidades indígenas Rama y Kriol con la aprobación en 2014 del proyecto Gran Canal Interoceánico de Nicaragua o ley 840, sin consultar a las autoridades indígenas, por lo que sentenció al Estado nicaragüense a indemnizar a los comunitarios.
